Una mujer llevaba cerca de un kilo de cocaína y no va a juicio

En el recinto estuvieron presentes la Dra. Patricia Kloster, en representación del Ministerio Público Fiscal, la defensora pública oficial Dra. Ana Pompo en representación de la imputada, conectada desde la Delegación Salta de Policía Federal Argentina.

Por lo que se declaró abierta la audiencia y por presidencia, a describir el hecho por el cual fue traída a juicio la imputada, esto es “haber transportado 926,80 gramos de clorhidrato de cocaína el día 14 de febrero de 2020, desde la ciudad de Río Gallegos con destino a la localidad de Ushuaia. Dicho transporte se materializó por parte de la imputada quien viajaba como pasajera en el ómnibus de la empresa 'MARGA-TAQSA S.A', donde siendo las 10:00 aproximadamente, la imputada manifestó sentirse descompuesta, lo cual motivo su descenso del transporte, con su respectivo equipaje (3 bolsos) y su posterior traslado al Hospital Regional de Río Gallegos”.

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De acuerdo a lo que se pudo conocer, la sustancia fue hallada siendo las 11:50 por personal de la División Unidad Operativa de Chimen Aike, en el cesto del baño del Hospital Regional de Rio Gallegos, luego de ser anoticiados por personal de maestranza que cumplía funciones en el mismo. Ante esto, la mujer fue imputada por el transporte de estupefacientes en calidad de autora.

La fiscal hizo dar a conocer que había intención de juicio abreviado arribado, en el cual la fiscal manifestó que, luego del análisis de las actuaciones, recalifica la participación atribuida a la procesada, en calidad de partícipe secundario del delito de transporte de estupefacientes. Posteriormente, y en virtud del cambio de calificación de los hechos atribuidos a su pupila, la defensora pública oficial solicitó la suspensión del juicio a prueba por el término de un año.

Atento a la naturaleza del suceso que constituye un ilícito de acción pública, las condiciones personales de la causante, que carece de antecedentes penales, se habilita la concesión del beneficio solicitado permitiendo suspender el proceso. Por ello, “la Presidencia dispone, suspender el juicio a prueba por el término de un año, calificando su conducta como partícipe secundario del delito de transporte de estupefacientes”.

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La mujer fue intimada a pagar una reparación económica de $2000, en el Fondo de la justicia.  

A su vez, se dispuso que la imputada realice en concepto de trabajo comunitario dos horas mensuales en el merendero “Piecitos” de Villa Angelita, en la ciudad de Salta; donde “realizará trabajo de cocina y servir a los niños y niñas que acuden al merendero, durante el término de la suspensión, debiendo elevar a este Tribunal la correspondiente constancia de concurrencia emitida por la coordinadora del lugar”, detallan en el documento.

También tiene que fijar domicilio y presentarse ante la Delegación Salta de la Policía Federal Argentina, como asimismo deberá abstenerse de abusar de bebidas alcohólicas y cometer nuevos delitos, todo ello mientras dure el término de la suspensión con control del juez de ejecución competente.