El año que pide “debate”

No lo pide sólo “La Mesa Chica”. Lo pide la población en general y basta con repasar las encuestas de 2015 para confirmar que más del 90 por ciento de la población entiende que es más que necesario un debate de candidatos para que las ideas de cada uno queden claras.

Es cierto que después de lo ocurrido a nivel nacional entre Macri y Scioli, la idea de un debate no arroja las mejores de las expectativas, cuando el que gana no cumple prácticamente con nada de lo que en el debate expuso, pero el futuro siempre, pero siempre, debe ser esperanzador y allí la clave para volver a poner sobre el tapete la necesidad de un debate de campaña. Uno serio, organizado y bien planificado, como para poner “blanco sobre negro” las ideas de cada uno de los muchísimos candidatos que habrá este año, al menos hasta ahora, cuando la Ley de Lemas todavía no fue derogada.

Un rápido repaso por su significado original, indica que el debate es una técnica para discutir sobre un tema de modo formal con otra persona, en el que generalmente participa un moderador, que tiene la función de ceder los turnos de la palabra a cada uno. Toma nota: Los participantes deben tener ideas opuestas sobre el tema.

Cuando se habla de debate pensamos en una acalorada discusión o un cruce continuo de posiciones, sabiendo ya que este año habrá candidatos con pensamientos totalmente diferentes de lo que significa el pasado y el presente político de Santa Cruz y cada una de sus localidades.

A no esquivarle
Suele pasar que el candidato que marcha mejor en las encuestas hace todo lo posible para evitar el debate que pueda perjudicarlo y eso es otro hecho a evitar en este 2019, donde los candidatos deben tener la obligación de exponer sus ideas, pensamientos y proyectos ante los habitantes de su provincia o ciudad.
¿Por qué? Porque así se evitan las chicanas mediáticas y se logra que los candidatos expresen sus ideas en un marco de mutuo respeto, lo cual, en Santa Cruz, es ganancia.

Otro beneficio es el hecho de tener la posibilidad de formular con claridad una propuesta para los ciudadanos que tan acostumbrados están a escuchar más reclamos “al de enfrente” que proyectos para beneficio del ciudadano.

Además, el debate ofrece la posibilidad de desafiarse mutuamente con argumentos, algo que hace mucho tiempo no tenemos y necesitamos.

Los antecedentes

Hasta el momento, nos debemos el debate a gobernador, algo clave para este 2019, mientras que para la intendencia de Río Gallegos hubo experiencias en 2011 y 2015.
El primero fue un debate organizado por la carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), que se realizó en el campus de la unidad académica local y sobre un temario de cinco puntos anticipados a los candidatos que compitieron un 23 de octubre, aunque eran un total de 17.

Por aquel entonces, nueve de los postulantes fueron de las fuerzas que integran FVS, cinco respondían a Unión Para Vivir Mejor liderada por los radicales y otros tres representaron al partido local Encuentro Ciudadano, la Coalición Cívica-ARI y la alianza PO-FUT.
En 2015 se dio una segunda experiencia por iniciativa del Centro de Estudiantes de la UTN.

Ese año hubo 15 candidatos aceptando el desafío del Centro de Estudiantes Tecnológico de la Universidad Tecnológica Nacional que, a través de una carta abierta, hizo público su interés de continuar participando en la construcción colectiva de nuestra ciudad, ofreciendo a los medios locales la oportunidad de transmitir en vivo dicho debate.

El proyecto pendiente
A todo eso, vale decir que el punto más importante con vistas a este año electoral es que hay un proyecto que promueve el debate obligatorio de candidatos en la provincia, aunque el mismo está “cajoneado” desde 2016.

Ese año, en la Legislatura ingresó un proyecto de Ley que establece la implementación del debate público obligatorio para los candidatos al Ejecutivo provincial y municipal, el que será difundido por medios públicos –que será costeado por el Ejecutivo provincial- y que además contará con un moderador y una multa al candidato que no participe.

El proyecto es del diputado Claudio García (FVS), quien en aquel momento habló con TiempoSur y aseguró: “Me da la impresión que los debates ya vienen siendo públicos y se quiere que sea mediático como el primer mundo, porque nuestro sistema electoral es de apertura a la comunidad y militancia”.

El autor del proyecto dijo que en el mismo  “se está tratando de copiar modelos del exterior, de sistemas democráticos distintos, por ejemplo: Estados Unidos, donde no es obligación votar y el sistema es diferente por medio de electores”. 

Entre las repercusiones, en el aquel momento se sumó el diputado por el Pueblo de Río Gallegos, Santiago Gómez que opinó en la dirección opuesta a García, indicando que “es triste que necesitemos una ley pero indudablemente necesitamos que haya debate”, marcó y resaltó: “Es mejor un mal debate, a que no haya debate. Estaría buenísimo, el debate de candidatos es importante y tendría que existir”, enfatizó. 

De qué se trata

En el Artículo 2, el proyecto pendiente sostiene que “la autoridad de aplicación será la Autoridad Electoral Provincial competente” la que será la encargada de establecer lugar y horario para la concreción del o los debates, garantizando la neutralidad del ámbito elegido.

Además, se deberá notificar a los apoderados partidarios o representantes elegidos para tal caso, con mínimo 20 días de anticipación a la realización del debate.

También prevé elaborar un reglamento que paute la metodología y reglas bajo las cuales se desarrollará el debate. El mismo será puesto a consideración y acordado por los candidatos o sus representantes, previo al debate.

Se entiende por reglamento general del debate a todas las disposiciones internas que refieran a cuestiones específicas como la selección de moderadores, tiempo de exposición de cada candidato, tópicos a tratar, fecha del debate y del sorteo previo, modalidad para determinar invitados, etc. Respetando en todos los casos la igualdad de condiciones y oportunidades de los participantes.

Por último, y casi lógico, incluye designar un moderador para cada debate, con trayectoria en el ámbito periodístico o académico y que garantice imparcialidad.