Santa Cruz en el medio de dos provincias que expulsan extranjeros con condenas y/o antecedentes penales

expulsión y prohibición de ingreso a esta provincia de “ciudadanos extranjeros que hubieran sido condenados o se encuentren cumpliendo condena, que reúnan antecedentes penales o condena no firme por delitos cometidos en la República Argentina o en el extranjero”.

El decreto debería ser aprobado por la Legislatura chubutense, aunque la  ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, indicó que esta medida comparte la misma filosofía que el Gobierno nacional.

Al mismo tiempo, la semana pasada, el secretario de Seguridad de la Provincia, Javier Eposto, firmó un convenio para acceder a la base de datos federal que permita la detención y expulsión de extranjeros que residen en esta provincia  y que cuenten con antecedentes penales

Eposto explicó que una vez que detecten “algún extranjero con medidas judiciales vigentes, la Policía lo detendrá y el Ministerio de Seguridad, en conjunto con la Policía Federal Argentina y Migraciones, se encargará de continuar con su expulsión”.

La ley

Este año el Gobierno nacional impulsará en el Congreso la modificación de la Ley Migratoria. Un intento del Ejecutivo nacional fue en 2017 que por medio de un DNU, permitió el inicio de los trámites de expulsión a los extranjeros por cometer cualquier delito con pena de prisión.

En marzo, este decreto fue declarado inconstitucional por la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, y ahora está en manos de la Corte Suprema de Justicia.

El decreto además señaló que en el caso de los no residentes, sólo con “antecedentes” y sin condena previa, se pueden comenzar los trámites de expulsión.

Antes de esta modificación, como detalló el sitio Chequeado.com, la Ley de Migraciones establecía que se le podía iniciar un trámite de expulsión a un extranjero sólo en determinados casos: Para los residentes, la expulsión se originaba a partir de delitos graves con pena mayor a cinco años, según el Código Penal de la Nación, y para los no residentes los delitos debían tener pena superior a tres años.

“Consenso”

Horacio Padín, delegado de la Dirección Nacional de Migraciones en Santa Cruz, sostuvo que “son cuestiones que deben discutirse en una nueva Ley de Migraciones”, en donde “se debe buscar consenso entre todos”, y que no es necesario que la provincia adhiera a esta modalidad como los dos territorios lindantes.

Fue más cauto y señaló que “si fueron dos provincias las que dieron este puntapié inicial, también hay que tener cuidado de no caer en la demagogia en un año electoral, pero sí está bien combatir la delincuencia, pero siempre respetando la ley”.

“Son leyes que hacen a la seguridad  interna y sirven para conocer qué gente tenemos, pero debe ser con el consenso de todos”, abundó.

Padín recordó que su organismo tiene la potestad de expulsar a extranjeros que ingresaron ilegalmente al país.