La Corte tiene competencia en la demanda por los DNU que afectan la coparticipación

Era la decisión que esperaban las provincias –entre ellas Santa Cruz- que acudieron a la Corte Suprema para reclamar por los DNU (Decretos de Necesidad y Urgencia), firmados por el gobierno de Mauricio Macri, que según sostienen atentan contra los ingresos provinciales disminuyendo la coparticipación.

En términos políticos, lo que los gobernadores le reclaman al Gobierno nacional es que haya financiado las medidas de congelar los precios de los combustibles y de sacar el IVA a 13 productos de la canasta básica, con fondos que les corresponden por ley a sus distritos. Aclararon que no están en contra de dichas medidas, pero sí que se haga con la plata de las provincias. 

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Corresponde a la Corte- Ayer, lo que se conoció fue que la Procuración General de la Nación ratificó la competencia de la Corte Suprema para analizar la demanda de las 15 provincias contra las últimas medidas del gobierno de Macri, que afectan fondos coparticipables por las rebajas en una serie de impuestos. Los gobernadores sostienen que las medidas oficialistas para "paliar" la situación económica de la clase media son inconstitucionales e implican quitas de entre 600 y 1900 millones de pesos a cada una de ellas.

(La Corte ya podrá entender en el tema).

De esta manera, la procuradora Laura Monti se pronunció –en principio- sobre el pedido de la provincia de Santiago del Estero, pero su decisión se hace extensiva a las presentaciones de las otras provincias de Entre Ríos, Catamarca, Salta, Tierra del Fuego, La Rioja, Chubut, Santa Fe, San Juan y la propia Santa Cruz.

"…En atención a la naturaleza de las partes que han de intervenir en el pleito, la causa corresponde a la competencia originaria de la Corte. En efecto, toda vez que la Provincia de Santiago del Estero -a quien le corresponde la competencia originaria de la Corte, de conformidad con el arto 117 de la Constitución Nacional- demanda al Estado nacional, que tiene derecho al fuero federal según lo dispuesto en el art. 116 de la Ley Fundamental, entiendo que la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciar la demanda en esta instancia, cualquiera sea la materia del pleito", aseguró el dictamen de la Procuradora Monti.

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Qué piden las provincias- Los distritos tildaron de "violatorias del régimen federal de coparticipación de recursos fiscales", las medidas del presidente Macri y que "desconocen el principio de legalidad en materia tributaria". También se advirtió que "constituyen un exceso en la actividad delegada que corresponde al Poder Ejecutivo Nacional, desconociendo los límites fijados en la Carta Magna". Y especificaron que "mediante su dictado, el Estado nacional deshonró el acuerdo 'Consenso Fiscal', del 13 de septiembre de 2018, suscripto por la demandada, los gobernadores -excepto el de la Provincia de San Luis- y el jefe de gobierno de la CABA".

En la demanda, se justificó la presentación en que la demandada le genera a “un concreto y real perjuicio económico que afecta su política fiscal y financiera".  Así las cosas, se solicitó que se dicte "una medida cautelar de prohibición de innovar -hasta tanto recaiga sentencia definitiva- por la cual se suspenda la vigencia, efectos y aplicación de los decretos 561/19 y 567/19, de las resoluciones generales (AFIP) 4.546/19 y 4.547/19, así como también de todo otro reglamento o acto administrativo que se dicte en su consecuencia".

También se requirió a la Corte que le ordene al Poder Ejecutivo Nacional la restitución de las sumas que no hubieren ingresado a la masa coparticipable, que regula el art. 2° de la Ley 23.548, o que dejen de ingresar en el futuro, en la proporción que le corresponde a cada provincia. Por ahora, la Procuración se pronunció sobre la competencia de la Corte para analizar el tema. El debate dentro del máximo tribunal no comenzó.

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Cambios que no cambian- Cabe recordar que el fin de semana pasado, el Gobierno nacional hizo una modificación del Decreto 566/19 -a través de otro DNU- que ya se publicó en el Boletín Oficial. De esta forma, liberó el precio para los sectores mayoristas, es decir la venta para grandes jugadores quedó liberada (no se pisa el valor del dólar). Esto representa el 17 por ciento del volumen total comercializado.

A partir de esta decisión, que le reportará mayores ingresos a las operadoras y refinadoras, el Gobierno corrigió el congelamiento del DNU 566/19 y estableció un dólar de 46,69 pesos (antes lo habían fijado en 45,19).

Por otro lado, el Ejecutivo anunció que subsidiará a las operadoras con 2,81 pesos por dólar. Esto equivale a fijarles un tipo de cambio a 49,5 pesos. Del anuncio del Gobierno nacional, se desprende que las operadoras deberían liquidar regalías a 49,5 pesos hasta el 13 de noviembre.

Sin embargo, las fuentes consultadas indicaron que esto sigue siendo perjudicial para las provincias productoras de hidrocarburos, teniendo en cuenta que el dólar, divisa al que debería liquidar las regalías es a este momento de 58,58 pesos. Por lo tanto, la diferencia entre el tipo de cambio y el establecido artificialmente por decreto, perjudica a las provincias por un menor nivel de regalías (en vez de liquidarlas a 58,58 se liquidarán a 49,5). Hasta el viernes de la semana pasada, con el DNU 566/19, se debían liquidar a 45,19 pesos.

También se conoció que el subsidio que estableció el Gobierno nacional para favorecer a las petroleras tendrá un costo fiscal para el Tesoro nacional de 1550 millones de pesos. Además, es importante tener en cuenta que son dos las variables al momento de hablar de las regalías:

El precio del barril (mayo estaba a $71 ahora a $58)

Además, ayer se informó la modificación de tema IVA

También se modificó la baja de IVA para comerciantes monotributistas, contemplados en la categoría de micro empresarios. Esto también tendrá un impacto (negativo) en la masa coparticipable, por ende, menos recursos para las provincias. (Fuente: TiempoSur, Infobae).