La jueza Yáñez podrá resolver el primer amparo contra la suba del gas

Desde mañana, la Jueza Federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, estará en condiciones de resolver el uno de los dos amparos  contra la suba del gas licuado (GLP), que en este caso fue presentado por vecinos de Gobernador Gregores (expediente Rodríguez Paola) a inicios de este año, y que se suma al de Perito Moreno interpuesto a fines del 2018, cuya competencia (debe definir quien define el amparo) debe resolver la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, luego de la magistrada rechazó la inhibitoria para que el amparo colectivo lo resuelva el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°9, como lo solicitó el Gobierno nacional.

“Camuzzi contestó y acompañó los dichos  del Estado nacional y de ENARGAS. Agregó tres argumentos procesales”, dijo el Dr. Juan Litvachkes, quien patrocina a ambos amparos.

Hoy el letrado contestará esos argumentos  por lo que “a partir de ahora le queda la decisión a la Jueza para que sea el primer amparo en relación a resolución 14/2018  y 287/ 2018 de ENARGAS, a nivel país”, precisó.

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“La oportunidad de CAMUZZI Gas de Sur era decir que el aumento responde a un plan de inversión en el avance de obra para el interconectado, pero la verdad es que no hicieron nada de eso”, advirtió el letrado.

Los amparistas pidieron un plan de inversión detallado (quinquenal) pero la distribuidora de gas no respondió. “Todavía nadie justifica el porqué de 800%  en la factura del período 5 (septiembre-octubre) y 6 (noviembre –diciembre) de los usuarios de Gregores”, aclaró.

Los tres argumentos de Camuzzi fueron que había vencido el plazo para interponer el amparo, (de 15 días peor que no se aplica) que es el Estado quien debe resolver los aumentos porque tiene la potestad de hacerlo.

“Nosotros no pretendemos que la Jueza reemplace al Estado, pero sí todo acto del Estado es revisable cuando hay por ejemplo, una inconstitucionalidad manifiesta”, destacó y recordó que la Jueza cuando resolvió la medida cautelar,  apuntó que la distribuidora “debe analizar si la gradualidad del aumento es o no razonable”.

Esta presentación comenzó siendo particular, pero la magistrada luego definió que sea colectiva.

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En el expediente de Perito Moreno, cuando la Jueza argumentó su competencia en el amparo y que no quede en manos de Capital Federal, había advertido que el Estado nacional no fue afectado por su competencia, ya que “no se ha visto privado de presentarse al proceso y ejercer en forma plena su derecho de defensa”.

Sostuvo también que “las circunstancias que las autoridades que dictaron las normas atacadas tengan su sede en la CABA, no puede traer aparejado que todas las demandas dirigidas contra ellas deban tramitar allí, pues ello implicaría obligar a vecinos de esta jurisdicción a litigar a más de 2000 kilómetros de distancia”.

Remarcó que ese es el motivo de la  existencia del juzgado de Caleta Olivia, y que si los demandantes debieran viajar a CABA “significaría en la práctica vaciar de contenido a la competencia contencioso administrativa prevista en la Ley N°26.261 de creación del Juzgado Federal de Caleta Olivia”.

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”El colectivo de vecinos de la localidad de Perito Moreno, han denunciado que los actos cuestionados producen sus efectos a más de 2000 kilómetros de distancia”,  vertió.

Otro caso es el amparo de vecinos de Río Gallegos por el incremento del gas natural -contra la Resolución 202/2019 de ENARGAS- el cual deberá definir la Justicia de La Plata, como adelantó TiempoSur la semana pasada.

Sucede que la estrategia de Nación es que todos los expedientes sean resueltos en Buenos Aires.

"VULNERABLES"

En tanto, a través de un parte de prensa, el diputado de Gobernador Gregores, Claudio Barría, sostuvo que Camuzzi indicó que "este tarifazo no afecta al sector socialmente vulnerable alguno”.

La empresa que cuenta con la concesión para la venta del Gas Licuado de Petróleo en la ciudad de Gobernador Gregores, consideró este martes que “de las facturas de gas, los recibos de sueldo o los documentos nacionales de identidad no surge acreditación alguna de esa condición” (de vulnerabilidad), a partir de lo cual “no se encuentra acreditado que se comprometa la vida digna de esas partes, ni su salud o un derecho de naturaleza alimentaria o ambiental”.

Al respecto, el diputado del Frente para la Victoria – Parido Justicialista, sostuvo: “Qué se puede esperar de un burro, más que una patada”, al tiempo que recordó que “se trata de personas que ven su economía afectada por tarifazos que sufrieron un 1300% de aumento, donde a una gran mayoría se les cortó el servicio, y tanto el Gobierno provincial como la Municipalidad, tuvieron que salir a atender estas situaciones”.

“Hoy vemos que la empresa, demuestra la misma insensibilidad que Gobierno nacional ante la crítica situación que están viviendo los vecinos, donde se tiene que elegir entre comer o pagar las facturas de gas”, agregó Barría, señalando finalmente que “ahora queda en manos de la jueza federal Marta Yáñez resolver esta situación en los próximos 20 días, esperando que falle a favor del pueblo”.