Abogado Barcesat: “El pueblo tiene sus razones para desconfiar del Poder Judicial”

Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, se refirió a la ratificación de la condena conocida públicamente el último miércoles que involucra a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y confirma la sentencia en segunda instancia por fraude en perjuicio de la administración pública en la Causa Vialidad.

El profesional dialogó en el programa La Parada transmitido por Tiempo FM 97.5 y remarcó que “el pueblo tiene sus razones para desconfiar del Poder Judicial de la Nación” y agregó: “Estamos atravesando una doctrina del Lobo Feroz, una etapa de guerra o persecución, es una doctrina estadounidense para destruir al enemigo utilizando los métodos judiciales”.

En este contexto, señaló que el principio ha influido en el Poder Judicial con algunas nulidades constitucionales como el principio uniforme que forma parte de la Constitucional Nacional, de los Derechos Humanos y de los Tratados Internacionales, con una doble persecución penal”, detalló el abogado y sostuvo que “se trata de un caso resuelto en Capital Federal, Río Gallegos que atravesó todas las instancias con el sobreseimiento y desestimación de las causas hasta llegar a la condena”.

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“El Poder Judicial con el artilugio de que encontraron nuevas auditorias que establece grandes irregularidades reabre la causa y se la devuelve al juez que en primera instancia la declaró incompetente”, explicó Barcesat y sostuvo que todas las pruebas incriminatorias fracasaron y solo querian lograr la condena en el marco de una “conexión política” con Mauricio Macri.

“Todo lo que refiera la administración pública que lleva adelante la Nación desde la Reforma Constitucional de 1994, le corresponde al jefe de Gabinete de Ministros y es el responsable de la última firma en la causa de Vialidad Nacional, es quien autoriza el pago”, recordó el abogado y remarcó que los ministros fueron convocados a testificar y que en su momento ya afirmaron que la presidenta no tenía conocimiento o siquiera alguna intervención en relación a los pagos de las obras. 

“Lo que interesa más allá de la condena es la proscripción política y la inhabilitación perpetua de cargos públicos que establece un impedimento en la participación en la política argentina y son dos nulidades constitucionales”, puntualizó el letrado al mismo tiempo que exigió una decisión de la Corte Suprema de la Nación para “reponer la racionalidad y retomar las prácticas jurisdiccionales correctas sobre esta causa”.

“Lo que pasó son hechos ilícitos y no antijurídicos, sino hubiera una condena perpetua de otras personas, pero los peritajes establecieron que no había sobreprecios en el periodo de licitación y el único que dijo estupideces está acusado de falso peritaje”, volvió a reiterar el abogado en referencia a la falta de responsabilidad y pruebas a pesar de la condena ratificada este miércoles 13 de noviembre a la ex presidenta con dos mandatos cumplidos. 

“El proceso de la causa es ficcional, los hechos investigados no se corresponden con ninguna realidad”, subrayó el jurista especialista constitucional en base al expediente judicial y recordó su participación en el Congreso Provincial de Derecho que se realizará el próximo 20 y 21 de noviembre en Río Gallegos: “Voy a participar de forma virtual y mi tema estará vinculado con la destrucción del Estado Nación que se está llevando a cabo y las implicancias de la economía y del bienestar de los argentinos”.