Alicia Kirchner contra el negacionismo: “Somos ejemplo de defensa de derechos humanos”

Diversas personalidades intelectuales, jurídicas y políticas se unieron este viernes en el Centro Cultural Mujica (CCCM) de la Ciudad de Buenos Aires para presentar un proyecto de ley destinado a combatir el negacionismo de los hechos ocurridos durante la última dictadura militar en Argentina. Una de las firmantes es la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, quien, a través de las redes sociales, ratificó su acompañamiento a la iniciativa.

“Las argentinas y argentinos somos un pueblo ejemplo mundial por la defensa de los Derechos Humanos, sobre nuestra memoria viva construimos la paz y el diálogo necesarios para una digna convivencia democrática” dijo la mandataria provincial a través de redes sociales.

El proyecto contra el negacionismo cuenta con el apoyo y adhesiones de más de 15.000 personalidades de los más diversos ámbitos, entre ellos el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; el ex juez Eugenio Zaffaroni; el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat y Alejandro Olmos Gaona, historiador, dedicado al estudio de la deuda externa.

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Entre otros, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas CECIM La Plata respaldó la iniciativa al analizar en un comunicado que "el terrorismo de Estado asoló a la sociedad argentina con crímenes aberrantes en todo el territorio nacional bajo la doctrina de la seguridad nacional, doctrina que también llevaron a Malvinas durante el conflicto bélico de 1982, torturando, violando y asesinando a los propios soldados conscriptos".

El proyecto incluye penalización de quienes reivindiquen o nieguen la existencia de crímenes de lesa humanidad y genocidios, exige una pena de 6 meses a 2 años a quienes "nieguen la existencia y/o la naturaleza contraria a la humanidad de los actos genocidas y los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado". 

Y agrava la pena a 1 a 3 años de prisión en caso de funcionarios públicos de cualquier poder, miembros de las fuerzas armadas o fuerzas de seguridad; en caso de señalamientos a víctimas o a asociaciones de protección de derechos humanos. La propuesta exige inhabilitación para ejercer cargos públicos.