Alternativas a la resolución de disputas

Durante el mes de diciembre y en el marco de la última sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, el Partido Justicialista (PJ) presentó un proyecto de ley que busca la creación de métodos alternativos para la resolución de disputas. El objetivo es la realización neutral de espacios donde se realice la solución de controversias. Busca generar alternativas en la mediación comunitaria, escolar, judicial, facultativa y penal. En este último, quizás el más complejo, crea el programa de Mediación Penal, con el objetivo de poner en práctica el principio rector establecido en la Ley 26061 -de Protección Integral del Niño y del Adolescente- y en el Artículo 59 Inc. 6 del Código Penal de la Nación incorporado por Ley 27.147 a fin de contribuir a restablecer la armonía entre sus protagonistas y la paz social, utilizando la pena como último recurso.

La autoridad de aplicación de la presente ley, en este ámbito, será el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz. A tales efectos se utilizará el Centro Judicial de Mediación creado por resolución del Tribunal Superior de Justicia en fecha 31 de octubre de 2016, registrada bajo Nº 82 del Tomo CCXX y Folio 127/131, que tendrá, entre otras, las siguientes funciones:

a) Recibir las actuaciones que le remita el Tribunal.     

b) Designar mediador judicial y notificarle de la designación.  

c) Supervisar el funcionamiento de la instancia de mediación.   

d) Elaborar estadísticas para el control del procedimiento de mediación.

e) Organizar cursos de perfeccionamiento o actualización en materia de mediación.

f) Promover, publicar y difundir las ventajas de la mediación como método alternativo de resolución de conflictos.   

g) Celebrar convenios con el Estado Nacional, Estados Provinciales, Municipalidades, entes públicos y privados, que tengan por finalidad la implementación, desarrollo y práctica de la mediación. 

h) Dictar las normas prácticas que sean necesarias para la aplicación de la presente ley.

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Firmantes

Entre los argumentos, los diputados creadores de la iniciativa señalaron que “desde hace años que el sistema de justicia provincial no alcanza a atender en forma adecuada y oportuna la demanda de la sociedad, respecto de múltiples materias que tranquilamente podrían ser resueltas por fuera de dicho sistema. En efecto, la prestación del servicio de justicia se encuentra lejos de alcanzar un funcionamiento óptimo, ya que se encuentra saturado por infinidad de causas que podrían ser resueltas mediante el Sistema de Mediación”

“Este sistema que propone el presente proyecto ya es utilizado por muchas provincias de nuestro país y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde hace muchos años, y ha demostrado ser útil en la resolución alternativa de conflictos. Algunos sistemas la establecen como obligatoria previo al inicio de causas judiciales y otras lo proponen como facultativa, es decir a voluntad de las partes. Este proyecto impone obligatoriedad para algunas causas y en forma facultativa para otras”, recalcó.

"Entiendo que la sanción del presente proyecto contribuirá no solo a bajar la judicialización de los conflictos y a mejorar la convivencia entre los integrantes de nuestra sociedad, sino que, además, podría implicar un ahorro de recursos provinciales que hoy deberían ser dirigidos a la contratación de personal judicial para atender la creciente demanda del servicio"