Demoran la ejecución de la Emergencia Alimentaria para las provincias
Nación decidió que la Emergencia Alimentaria se ejecutará cuando las provincias envíen sus programas de asistencia a la cartera social; sin embargo, la red de ministros no ha recibido pedido de informes, aunque piden una distribución federal de partidas. El debate se extiende y la urgencia aumenta.
En las últimas horas trasciende que el Gobierno nacional ha tomado la decisión, nuevamente unilateral, de comenzar a ejecutar la Emergencia Alimentaria una vez que las provincias envíen sus programas de asistencia al Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley, quien ratificó la decisión del presidente Mauricio Macri de no brindar una “ayuda extra” en función de los nuevos datos de pobreza que se conocieron y con el objetivo de realizar un mapeo de la distribución de las nuevas partidas aprobadas en el Congreso.
Las provincias deberían remitir un listado con la ejecución que hicieron en los últimos meses en función de los programas alimentarios y recién allí se podrán determinar los lugares donde mayores necesidades existen, explicaron desde la cartera nacional.
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En este sentido, desde el Ministerio de Desarrollo Social de Santa Cruz confirmaron a TiempoSur que no ha existido pedido en cuanto a la ejecución de partidas destinadas a programas alimentarios, sino que por el contrario, nuestra provincia, al igual que las demás provincias que iniciaron con la petición de la Emergencia Alimentaría a inicios de septiembre, está a la espera de información por parte del Gobierno nacional en cuanto a cómo se plantea la distribución de partidas para las distintas regiones y provincias del país. Si de la necesidad de datos se trata, TiempoSur ha podido confirmar que el pedido de información en cuanto a las insuficiencias alimentarias que hoy atraviesa nuestra comunidad tampoco ha llegado a la sede del Centro de Referencia Río Gallegos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, aunque desde el ente aseguran que estos envíos son frecuentes en el marco de la tarea de coordinación.
La incertidumbre sobre el impacto que dicha ley tendría en las provincias estaba planteada incluso ya desde el mismo momento de su aprobación. Durante esa jornada, consultado sobre este tema, el diputado nacional por Santa Cruz, Juan Vázquez, declaraba en Tiempo FM que no era momento de “hacer política con el hambre del pueblo”, por lo que su voto sería positivo para la emergencia “a pesar de no contemplar las realidades de las provincias como Santa Cruz”. Aunque dejaba en claro que era un debate que se tendría que dar, el cual hasta el momento sigue.
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Distribución “federal”
Con la sanción de la Ley de Emergencia Alimentaria se aprobó la reasignación de partidas presupuestarias por 10.400 millones de pesos en favor de los sectores más vulnerables, distribución que no se estaría realizando en todo el país según plantean los titulares de las carteras sociales y algunos diputados de la oposición nacional, quienes incluso critican la falta de convocatoria por parte del Gobierno central a integrar el Consejo Consultivo que acompañará la ejecución de estos fondos.
El pedido que incluso ha llegado a través de carta a la ministra de Salud y Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, es por la distribución de los fondos previstos para atender la Emergencia Alimentaria de manera “federal”. El decreto de 2002, prorrogado recientemente por la Ley de Emergencia Alimentaria, señala que los criterios para distribuir los fondos de la emergencia son dos. El primero instaura que el 40% se distribuye de acuerdo al índice de pobreza de cada provincia y el porcentaje restante bajo el criterio de la coparticipación.
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La mesa de ministros ha planteado en más de una oportunidad la necesidad de federalizar los recursos para que realmente la Emergencia Alimentaria pueda tener un efecto concreto y llegue a los lugares más vulnerables. Además, la herramienta cuenta con un Consejo Consultivo constituido por dos representantes por provincia y dos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Consejo tiene funciones de asesoramiento, seguimientos de la ejecución y monitoreo de la gestión, por lo que también expresan preocupación por la falta de diálogo haciendo hincapié en la falta de participación de las provincias para garantizar que haya “una distribución federal de esos recursos y no unitaria”.