Denuncia por amenaza

El pasado martes se vivió una situación tensa en el Municipio de Río Gallegos. En el marco de un reclamo gremial, integrantes de la UTA llevaron adelante una protesta en las afueras del palacio comunal, exigiendo el pago de los salarios. Además, quisieron ingresar cubiertas al lugar donde se encontraban atendiendo el personal. Posteriormente el intendente Pablo Grasso salió a mediar y fue amenazado de muerte por parte de integrantes del sindicato. Esto desembocó en una denuncia policial llevada adelante por la Secretaría de Legal y Técnica, con el allanamiento ayer en la sede, ubicada sobre Avenida San Martín.

En este marco TiempoSur se comunicó con el secretario de Legal y Técnica de la Comuna, Jorge Cabezas. Indicó que “estuvimos dos días con actividad sindical por parte del sindicato de la UTA, que se manifestó en el Municipio el lunes a la mañana. Lamentablemente la manifestación del martes incluyó situaciones de violencia y a nuestro entender delictivas, por lo que ayer presenté la denuncia ante el juzgado penal de turno, a efectos que se verifique la comisión de delitos de amenaza e intimidación pública que para nosotros se configuró en haber amenazado al Intendente”.

Cabezas lamentó además que se amenazara con quemar el Municipio.

En este sentido, Cabezas relató que “eso motivó que el Intendente saliera a hablar con los manifestantes para que cesaran en esta agresión y se produjeron estas situaciones de amenaza hacia la integridad de la vida del Intendente, como también afectando los edificios públicos”.

En este marco, se le consultó cuál era el origen de la protesta del sindicato, algo que fue cuestionado por la Comuna, quienes argumentaron que no había sido claro. “El reclamo que iniciaron el día lunes, nosotros lo presentamos en Trabajo a efectos que se dicte la conciliación obligatoria para fundamentar el reclamo. Tenemos entendido que tenemos los salarios al día”, dijo Cabezas.

Por otra parte, hizo referencia a novedades que habrán hoy. “Mañana tenemos audiencia, donde va a concurrir el Ministerio de Trabajo y la mediación de la autoridad laboral, cada una de las partes expresará la situación sobre la relación”.

Maxia

Por otra parte, desde principio de año sigue el conflicto y el tire y afloje entre la Comuna y la empresa Maxia. Luego que la prestadora del servicio pusiera fin a la relación con la Municipalidad, la Comuna tomó posesión de los colectivos, aunque la situación terminó judicializada una vez más.

“Vamos a tener información concreta el lunes ante el Dr. Bersanelli, quien tiene que correr traslado a los abogados de Maxia, por sí o por no”.

Días atrás este medio relató que a pesar del recurso presentando a casación por parte de los abogados representantes de Maxia SRL, en la disputa con el Municipio, el juez Marcelo Bersanelli convocó, en el día de ayer a una nueva audiencia de parte, algo que según declaró a TiempoSur uno de los abogados, Santiago Pinto, los tomó por sorpresa.

Vale la pena recordar que la última propuesta de la firma concesionaria, “teniendo en cuenta el marco de la pandemia y la fuerte restricción de personas, incluso teniendo en cuenta que el servicio de pasajeros en la ciudad está dentro de las actividades que no se pueden realizar”, fue de siete unidades en comodato, a préstamo gratuito, por 90 días, propuesta que fue desestimada por el Municipio.