El Senado sancionó la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos

El Senado sancionó este jueves la ley que amplía el alcance del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a los delitos contra la integridad sexual, de modo de abarcar la investigación de otros delitos graves. La votación resultó con 39 votos a favor, 0 en contra y 20 abstenciones.

La norma fue impulsada desde el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, quien había propuesto que esta herramienta pase de la órbita del Ministerio de Justicia a su cartera. Sin embargo, ésto no prosperó.

El mes pasado, durante la media sanción en la Cámara de Diputados, esa propuesta se rechazó -se cayó en la votación el artículo- y se mantuvo que el registro esté a cargo de Justicia, tal como originalmente fue dispuesto en la Ley 26.879.

Durante el debate en comisiones del Senado, funcionarios reclamaron que se modifique, para que vaya a Seguridad. Alegaron que el cambio “se basó en una cuestión ideológica porque jurídicamente no hay el más mínimo argumento para seguir sosteniéndolo en el Ministerio de Justicia”. Sin embargo, no ocurrió, pues el proyecto se votó tal como vino de Diputados en la sesión de este jueves.

La palabra de los senadores

Como miembro informante habló la senadora santafesina Carolina Losada, quien resaltó que “hace bastante tiempo que nos están pidiendo que hagamos algo con respecto a la inseguridad, para que los delincuentes no entren y salgan, y este proyecto de ley no debería tener absolutamente ninguna grieta, porque ¿quién querría que un delincuente, violador o asesino no sea encontrado y pague las consecuencias de sus actos? No debería ser algo que resista la grieta”.

“Tenemos la oportunidad de hacer algo y tenemos un Senado activo”, valoró, remarcando que “cada uno puede aprobar un proyecto para que lleve justicia a las víctimas. Eso no va a hacer que no haya más violaciones u homicidios, pero sí que el que las hace las pague, y también que el que no las hace sea encontrado inocente”.

Losada detalló que el proyecto permitirá ampliar el actual Registro Nacional de Datos Genéticos de delitos sexuales para que pueda ser utilizado en la investigación de todo tipo de crímenes”. Y enfatizó que “esto amplía sustancialmente el registro”.

Este registro va a incluir a personas imputadas por delitos, procesadas o condenadas; víctimas con expresa autorización; cadáveres no identificados, y entre otros casos, todo miembro de fuerza de seguridad y cualquier persona mayor que voluntariamente quiera proporcionar sus datos.

Tras brindar cifras tales como que en la Argentina hay entre 6.000 y 10.000 personas desaparecidas, Losada hizo votos por “contar con todas las herramientas que hoy nos ponen a disposición los adelantos científicos. Hoy tenemos la oportunidad de encontrar a responsables de homicidios y violaciones”.

Sobre el final de su intervención, la senadora radical pidió a “aquellos que todavía tienen dudas, que piensen bien a quiénes representamos y a quiénes queremos representar”. Y les ofreció a sus pares que cualquier duda que pudieran todavía tener ella estaba dispuesta a responderlas a lo largo de toda la sesión. “Pero por favor les pido: votemos a favor de las víctimas y hagamos que sea ley esta ampliación del Banco Genético”.

El bonaerense Maximiliano Abad indicó que el proyecto “tiene dos lecturas”, y precisó: “Una que es propia e intrínseca al proyecto que estamos debatiendo y tiene que ver con la modernización de la investigación criminal para poder esclarecer delitos”.

“La segunda lectura es mucho más amplia y tiene que ver en cómo se optimiza la capacidad del Estado para dar respuesta y mejores servicios a los ciudadanos”, explicó y sumó: “El paso que estamos dando hoy se circunscribe dentro de un gran desarrollo que ha tenido la genética a lo largo del tiempo en nuestro país que comenzó con un hecho importante hace 50 años cuando se creó el Centro Nacional de Medicina Genética y en 1987 con la creación del Banco de Datos Genéticos que es una institución prestigiosa y reconocida en el exterior y permite identificar vínculos biológicos de personas que sospechan ser hijos de desaparecidos”.

Abad indicó que la ampliación del registro incorpora a aquellos que tienen condena firme sobre delitos contra la integridad sexual. “Se va a poder incorporar a todos aquellos que estén condenados e imputados en distintos tipos de delitos, al poder judicial y de las fuerzas de seguridad que intervienen en las investigaciones. Va a permitir el esclarecimiento de las causas y va a haber justicia”, informó.

El radical contó que las provincias de Mendoza, La Pampa y Salta adoptaron modelos internacionales que son “un ejemplo a seguir”, y manifestó: “Tenemos que pasar esto a una ley nacional que siente las bases para una cooperación interjurisdiccional permanente y productiva. Con esta ley la justicia va a tener nuevas herramientas”, al tiempo que señaló: “La ley es un claro ejemplo de innovación y de perfeccionamiento de las capacidades del estado de justicia y de seguridad”.

Desde Unión por la Patria, el senador Oscar Parrilli consideró que “acá estamos avanzando un paso para adelante, pero en realidad estamos retrocediendo varios para atrás”. Y cuestionó que se diga que “los que apoyan están con las víctimas y que los que hacen objeciones están con los delincuentes; es una falacia, una mentira”.

Tras cuestionar el tratamiento en comisiones del dictamen, que consideró fue “irregular”, el neuquino recordó: “Esta ley fue sancionada, cosa que se olvidaron decirlo, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner”. Por eso reivindicó los resultados de esta “herramienta ágil y moderna”, pero cuestionó los cambios.

En ese sentido, opinó que deberían alcanzar solamente a “los delitos que tienen más de 6 años de pena”. “Aquí se está vulnerando la Constitución Nacional, la presunción de inocencia” y convenios internacionales, apuntó, al referirse a que se podrá tomar muestra genético no solamente de condenados, sino de imputados y procesados.

Celebró que en Diputados se haya mantenido el registro bajo la órbita del Ministerio de Justicia, pero por las objeciones sobre el proyecto pidió la vuelta a comisión, con una preferencia para que se trate en no más de 30 días y “mejorar la ley”.

De lo contario, Parrilli pronosticó que “vamos a sancionar una ley que no se va a poder aplicar” y “le va a cargar gastos operativos a las provincias”. “Todo va a quedar en la nada y en realidad los delincuentes van a poder entrar por una puerta y salir por la otra”, agregó. Luego se votó su propuesta, pero fue rechazada por 38 votos negativos y 22 positivos.

El riojano Juan Carlos Pagotto planteó que se trata de “una prueba más” y se desmarcó de su propio Gobierno al manifestar: “Yo estoy completamente de acuerdo en que tiene que estar en manos del Ministerio de Justicia y justifica que se haga una oficina o división para que actúe con celeridad y eficiencia posible”.

“Hoy con el sistema acusatorio el fiscal es la contraparte y dejarle el control de la prueba al Ministerio Público Fiscal uno tiene sus dudas porque se busca más el resultado que la verdad real”, expresó y sumó: “Quizás esta ley no es la más perfecta, pero hay que empezar a caminar”.

El libertario consideró que “nos encontramos ante un adelanto de la ciencia que tiene una alta capacidad de ser infalible”, y cerró: “Toda ley es perfectible y por eso la voto a favor”.