Implementación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción
Es un espacio para el diálogo entre autoridades de fiscalías y oficinas anticorrupción, entidades fiscalizadoras superiores y actores del sistema de justicia penal. Se presentarán los avances logrados en los compromisos asumidos en Cartagena y se evaluarán los temas prioritarios de una agenda futura.
El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, participa de la Reunión Regional de la Plataforma de Sudamérica y México para la Aceleración de la Implementación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, invitado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y representando al Ministerio Público Fiscal de la Argentina.
El objetivo de esta reunión es dar paso a una segunda fase de implementación de la Plataforma Regional, apoyada por la UNODC y encargada también de la organización del encuentro.
La reunión es un espacio para el diálogo entre autoridades de fiscalías y oficinas anticorrupción, entidades fiscalizadoras superiores y actores del sistema de justicia penal. A través de las jornadas que se desarrollarán del 14 al 17 de marzo, se presentarán los avances logrados en los compromisos asumidos en Cartagena y se evaluarán los temas prioritarios de una agenda futura.
En ese contexto, el fiscal anticorrupción Rodríguez disertó sobre la importancia de las redes y de la cooperación internacional como herramienta en la investigación de hechos de corrupción. Experiencias, lecciones aprendidas y propuestas a futuro.
Integró un panel junto Rositsa Zaharieva, de la Red Operativa mundial de Autoridades Encargadas de la Aplicación de la Ley contra la Corrupción (GloBE); Silvana Carrion, de la Procuraduría General del Estado de Perú; y Emilio Cedeño, de la Contraloría General del Estado de Ecuador.
De la reunión participan más de 60 funcionarios y funcionarias de gobiernos y agencias anticorrupción de la región junto a representantes de Naciones Unidas. También participa la Oficina Anticorrupción de la Argentina, representada por la Directora Nacional de Ética Pública, Natalia Torres.