¿La telefonía celular, el cable e internet son servicios públicos esenciales?

El 16 de diciembre de 2014 luego de un debate muy interesante sobre la accesibilidad a las redes, a las comunicaciones y los derechos denominados de 3ta generación (por ejemplo los derechos de los consumidores) se sancionó la Ley 27.078 llamada “Ley Argentina Digital”.

En esta norma se declaró de interés público “…el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las Telecomunicaciones y sus recursos asociados estableciendo y garantizando la completa neutralidad de las redes…” estableciendo claramente y para que no queden dudas que su objeto fue “…posibilitar el acceso de la totalidad de los habitantes de la República Argentina a los servicios de información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas, con los más altos parámetros de calidad…”.

Era un momento importante: nacía (o por lo menos eso creíamos) una regulación democrática y participativa de las llamadas “T.I.C.” (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) por cuanto todos pensábamos que debía garantizarse el acceso de la totalidad de los ciudadanos de nuestro país a los servicios de comunicación. En otras palabras: que todos puedan tener un servicio de calidad de internet, telefonía y cable a precios razonables independientemente del lugar de nuestro país donde vivan.

El entusiasmo duró poco: apenas asumió Mauricio Macri emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia (¿?) que llevó el número 267/15 y tenía fecha el 29 de diciembre. Allí en pocas palabras el entonces Presidente prácticamente eliminó el carácter esencial de estos servicios y concretamente declaró la autoregulación (o desregulación) de las empresas de teléfonos, cable e internet.

¿Cuál era la necesidad y urgencia de hacer esto a 19 días de asumir? ¿A quiénes se beneficiaba con esta medida? Y finalmente: ¿A quiénes se perjudicaba?

La única necesidad y urgencia que existía era del gobierno de “Cambiemos” de quedar bien con los monopolios que a partir de ese momento generaron un acceso concentrado en los grandes centros urbanos con una preocupante dispersión en las tarifas y un servicio pésimo (de internet y fundamentalmente en el interior) en aquellos lugares que se encontraban alejados de las grandes ciudades.

Del grupo selecto de beneficiarios se destacó la empresa multimedios más grande de América: “el grupo Clarín” propietaria de medios audiovisuales, licencias de Tv por cable en Capital Federal (Cablevisión), en Provincia de Buenos Aires, en el resto del interior, empresas de contenidos digitales, de publicaciones e impresión, también por ejemplo de Papel Prensa, por supuesto productora de contenidos de señales de televisión (ej. Artear), dueña absoluta de Fibertel, también de radios en todo el país y se supone que en el rubro licencias de tv por cable en el interior es propietaria absoluta de más de 120 canales.

Como si el pago de la factura política no les alcanzó: en el año 2018 el ENACOM (otra creación del D.N.U. de Macri para terminar con el AFSCA) aprobó una polémica fusión/alianza nada más ni nada menos que entre TELECOM y Cablevisión, contra opiniones de ONG, de expertos, de actores del mercado que alertaban sobre la posición monopólica y por ejemplo la desinversión en internet en aquellas ciudades donde no había competencia.

Según un artículo suscripto por Roberto Iglesias llamado “La competencia en comunicaciones, la cuarta fusión: Cablevisión-Telecom” esta unión de grandes jugadores de mercado supuso una concentración monopólica sin precedentes: al analizar el llamado “market share” (porcentaje o participación en el mercado) estas empresas controlan los abrumadores porcentajes del 52,8% de Internet, 37,9% de la TV paga, el 39,8% de la telefonía fija y el 34,1% de la telefonía celular.

Se entiende al apurado Mauricio Macri por quedar bien con este poderoso factor de poder tan pronto como asumió su mandato, se comprende también porque lo apoyaron tanto durante su ruinoso mandato y se comprende por último como el monopolio fue creciendo a niveles de absoluto control (“market share”) del mercado nacional.

Y la última respuesta: ¿Quiénes perdieron con el D.N.U. de Macri? Sencillamente todos los habitantes del país que tienen el derecho humano al acceso a la información y a las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas.

Si la finalidad en este tema es garantizar el derecho humano a las comunicaciones y a las telecomunicaciones reconociendo a las TIC como un factor indispensable en la independencia tecnológica, garantizando la transparencia en el manejo de la función social que las tecnologías poseen procurando la accesibilidad a las tecnologías de la información y las comunicaciones, entonces era imprescindible el dictado del D.N.U. 690/20.

Ahora la telefonía, el cable e internet son servicios públicos y el Estado tiene herramientas para regular, porque en definitiva la conectividad es un derecho humano y teniendo en cuenta que las sociedades contemporáneas son sociedades de información debemos garantizar un piso mínimo de cobertura, calidad de servicio y tarifa.

Queda aún mucho por hacer, fundamentalmente apoyar el fortalecimiento de los actores locales existentes en nuestras regiones, también a cooperativas, entidades sin fines de lucro y pymes, para que crezcan nuevos emprendedores de TIC.

También tenemos que crear una tarifa social vinculada a la AUH, por ejemplo, también una referencia tarifaria mínima para los servicios que aseguren equidad entre las grandes ciudades y los pueblos del interior.

Un último detalle: aquel que tenga la suerte de tener en estos momentos internet de calidad que se fije la tapa de los grandes diarios de Buenos Aires de hoy y vea a quien “perjudica” el Decreto 690/20.

El ciudadano común se libera lentamente del “market share”.