Las estrategias de cada sector de la oposición para poner contra las cuerdas a Milei

Mientras las secuelas del "criptogate" siguen apilándose hora tras hora, y el Gobierno intentó surfear la crisis con reducción de daños, las distintas fuerzas de la oposición no perdieron el tiempo y anunciaron, por separado, sus respectivas estrategias parlamentarias para poner contra las cuerdas al presidente Javier Milei, el principal protagonista del escándalo Libra.

El kirchnerismo agitó la variante del Juicio Político en la Cámara de Diputados, otros sectores pidieron una comisión investigadora y la izquierda exigió la interpelación del mandatario, la figura clave para que la mega estafa se pudiera consumar en cuestión de pocas horas.

En el otro polo de la oposición, donde conviven “aliados” con “dialoguistas”, el PRO apoyó la curiosa vía de la "autoinvestigación" que alienta el Gobierno, en tanto que la UCR se pronunció en un documento pero evitó jugarse por un curso de acción parlamentario.

Con las brasas ardientes de una polémica que atravesó las fronteras nacionales, al punto que llamó la atención del FBI y del departamento de Justicia de los Estados Unidos por la cantidad de inversores damnificados, comenzaron a caer como torrente las denuncias penales de particulares en Comodoro Py y otras sedes judiciales.

Por caso, la Coalición Cívica presentó una denuncia penal por la posible comisión de los delitos de estafa, cohecho o dádivas, luego de que Milei utilizara la influencia que tiene por su investidura presidencial y formación de economista para atraer la inversión de miles de usuarios estafados por un total de casi 100 millones de dólares.

El socialista Esteban Paulón picó en punta al presentar primero un pedido de informes y luego suscribir -junto a sus colegas de Encuentro Federal Mónica Fein y Natalia de la Sota- un pedido de juicio político.

Luego de que Milei, a través de la cuenta de la Oficina del Presidente, instruyera la creación de una Unidad de Tareas de Investigación interna para aportar información a la Justicia, el santafesino utilizó una conocida metáfora para graficar lo insólito de la autoinvestigación: “El zorro cuidando el gallinero.”

"Milei no puede autoinvestigarse: debe comparecer en Diputados, rendir cuentas y ejercer su derecho a defensa", enfatizó Paulón en X.

A través de la misma red social, el bloque de Diputados de Unión por la Patria anticipó el mismo día en que estalló el escándalo que avanzaría con el pedido de juicio político.

Este lunes, el bloque en pleno ratificó el curso de acción en una conferencia de prensa encabezada por Germán Martínez.

“La sociedad tiene que saber si tiene un presidente al que le pasa una estafa por delante de sus narices y no se da cuenta, o si tiene un presidente estafador”, lanzó el también santafesino.

“No tengo recuerdo de un escándalo de esta magnitud. De mínima, le hizo perder plata a mucha gente que genuinamente confió en él. De máxima, funcionarios cercanos al gobierno o testaferros acaban de recibir millones de dólares para financiar la próxima campaña. Es una barbaridad”, dijo, por su parte, el diputado Itai Hagman.

El curso natural del juicio político, en el caso hipotético de que se constituya, es la investigación de la prueba en Diputados y luego la acusación en el Senado, que podría determinar la remoción de Milei en su cargo.

Para la destitución, de cualquier forma, se requerirían las dos terceras partes de los votos en el Senado, un número casi imposible de reunir con la actual composición de fuerzas que existe en el Congreso.

Por si fuera poco, la comisión de Juicio Político no tiene siquiera sus autoridades ratificadas a raíz de una interna que estalló hace 14 meses y dejó en un limbo la presidencia de Marcela Pagano, desconocida por el propio titular de la Cámara baja, Martín Menem, y por la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. 

Para agregar más confusión en el oficialismo, la ex periodista devenida diputada liberal se convirtió en las últimas horas, sin que nadie le pidiera opinión, en la defensora no oficial de Milei en redes sociales.

Dijo que “el presidente no tuiteó en nombre del Estado Nacional" ni en “ejercicio de sus funciones” sino que "mencionó un proyecto privado”.

"No se es presidente las 24 horas", agregó en medio de la perplejidad hasta de los propios seguidores libertarios, y hasta descalificó el juicio político.

“Los diputados y senadores no tenemos jurisdicción para evaluar un mal desempeño de la función”, indicó al respecto.

El juicio político no es el único instrumento con que la oposición intentará acorralar a Milei. Por ejemplo, el Frente de Izquierda presentó un proyecto de interpelación al presidente.

Entre los fundamentos, mencionaron las “sospechas de manipulación del mercado y el uso de información privilegiada, dado que el anuncio inicial permitió un significativo aumento en su valor antes de su caída, generando ganancias que se estiman en varios millones de dólares para los involucrados, con apoyo del presidente argentino, y estafas para un número indeterminado de personas que se sumaron al proyecto en esas horas”.

El bloque de diputados nacionales Democracia para Siempre (DPS) presentó un proyecto de resolución para crear una comisión investigadora en el seno de la Cámara baja.

“Nosotros como oposición no podemos cometer errores. Para mí, plantear lo del juicio político es llevar esto de los pelos al terreno de querer sacar una ganancia. Nosotros estamos obsesionados con crear una comisión investigadora”, confirmó el presidente del bloque del radicalismo disidente, Pablo Juliano.

El PRO, al igual que DPS, también vislumbra una maniobra de aprovechamiento político en el kirchnerismo, y el presidente del bloque, Cristian Ritondo, aclaró que no se sumarán desde la fuerza amarilla “a la especulación del club de fracasados que cree que puede llevarse puesto a un gobierno”.

La bancada de la UCR emitió un comunicado con tono muy crítico, pero evitó definiciones sobre cómo accionará parlamentariamente para echar luz sobre lo sucedido.

“La palabra presidencial no puede administrarse con semejante irresponsabilidad”, apuntaron desde el bloque que lidera Rodrigo de Loredo.

Advirtieron que “en el contexto de vulnerabilidad que sufre la estabilización económica se pone en riesgo el esfuerzo y sacrificio de todos los argentinos que soportan el peso del cambio de rumbo económico”.

“Urgen aclaraciones oficiales, sino será el parlamento quien deberá proceder al respecto”, sostuvieron, con un exceso de cautela.

Algo parecido expresó el bloque Encuentro Federal, que preside Miguel Pichetto. “Pedir un juicio político es un disparate. Lo que necesitamos son explicaciones claras por parte del gobierno. Es fundamental que expliquen ante la sociedad y el Congreso qué pasó con esta criptomoneda y por qué el Presidente la promocionaba”, resumió Florencio Randazzo, contradiciendo a sus pares Paulón, Fein y De la Sota, quienes ya presentaron un pedido de juicio político.