Mandato de austeridad: Subastan 46 vehículos de la flota de Diputados
La Cámara Baja llevará adelante el remate de los vehículos cuyos precios base hasta los $26 millones; los ofertantes deberán presentar “una garantía equivalente al diez por ciento del valor de base establecido para cada lote.
En medio de la política de ajuste que lleva el Gobierno, la Cámara de Diputados anunció la venta de 46 unidades de la flota de autos oficiales por un valor base de más de $258 millones. A través de un video publicado en redes sociales, el cuerpo legislativo que preside Martín Menem anunció que la reventa de los vehículos se hará mediante una subasta pública.
“En línea con el compromiso asumido por el Gobierno Nacional para promover la austeridad en la política y cuidar el dinero de los argentinos, la Presidencia de la HCDN tomó la decisión de reducir y subastar 46 unidades de la flota de autos oficiales”, anunciaron desde Diputados al compartir también por X un video de 45 segundos en el que se argumentó los motivos de la iniciativa.
“Cumpliendo con el mandato de austeridad encomendado por el Presidente de la Nación, esta institución no utilizará el dinero de los contribuyentes en cuestiones que no estén directamente relacionadas con su funcionamiento esencial”, señalaron.
“Es por ello que hemos decidido vender 46 unidades de la flota de autos de la Cámara de Diputados. Lo propio se hará bajo una subasta pública, cumpliendo con lo establecido en el reglamento interno de esta Casa de Leyes. La casa del pueblo no debe servirse del pueblo”, completaron desde la cámara que preside Martín Menem.
De este modo, la Cámara Baja llevará adelante el remate de 46 automóviles cuyos precios base ascienden hasta los $26 millones y en total suman más de $258 millones. Aquellas persoans que quieran participar de la puja tendrán tiempo hasta el 8 de abril y deberán iniciar sesión para suscribirse, como personas físicas o jurídicas, en el portal del Banco Ciudad, de tendrán que presentar “una garantía de oferta equivalente al diez por ciento (10%) del valor de base establecido para cada lote” ofertado.
El anuncio se da en medio de los recortes que lleva adelante el Gobierno en distintas áreas del Estado. Esta semana se dio a conocer el despido de 900 empleados del Instituto de Agricultura Familiar tras la eliminación del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci) y del Consejo de Agricultura Familiar dos áreas que dependían del Ministerio de Economía, que conduce Luis “Toto” Caputo.
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Recortes en el Estado
El Inafci había visto la luz por decreto el 4 de noviembre de 2022, durante el paso de Alberto Fernández por la Casa Rosada, como un organismo descentralizado que tenía bajo su órbita al Consejo, inaugurado por resolución en 2014.
Según sostuvo el vocero presidencial, Manuel Adorni, el instituto y el consejo sumaban 964 empleados, que tenían 160 delegaciones y dos sedes, que contaban con 204 vehículos y que 85% del presupuesto se dedicaba al pago de sueldos. Tras ello, el Gobierno confirmó que reducirá los empleados a 64 y transformará todo en una dirección. Asimismo, desde el oficialismo.
Este caso se sumó al de la agencia de noticias Télam (más de 700 empleados hoy en disponibilidad, con la agencia cerrada); el recorte de cargos en PAMI, donde se eliminaron secretarías, gerencias y coordinaciones; los 170 despidos en el Incaa, denunciados por ATE la semana pasada; más los 200 de la empresa de aguas Aysa; y los 50 funcionarios del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom),
En tanto, cerca del presidente Javier Milei admitieron a LA NACION que dentro de la órbita ministerial “los contratos que se renovaron en enero, por tres meses, estaban a revisión”.
Y tras ello adelantaron: “Se hizo una revisión área por área de todos los contratados. Cada sector pidió por algunos empleados, no se van a echar a todos, pero los contratos que vencen el 31 no se renuevan”.
Asimismo, la reducción de la flota en Diputados se da tras la polémica, semanas atrás, por el aumento de las dietas en el Congreso, iniciativa rubricada por Martín Menem y Victoria Villarruel a fines de enero, que elevaba el sueldo de los diputados y senadores a más de dos millones de pesos y el Gobierno dio marcha atrás.