Aprendizajes fundamentales

Esta semana se conocieron los resultados del operativo Aprendizajes fundamentales en América Latina y el Caribe gestionado por LLECE-UNESCO para 18 países.  En Argentina la Evaluación de logros de los estudiantes basado en el Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE-2019) tuvo peores resultados que los anteriores e incluso por debajo del promedio de la región.

Presupuestos y promedios

El Ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, señaló acertadamente que una causa central es la gran desinversión entre 2015-2019. El argumento es inapelable, no se observa otra variable de igual magnitud cuya modificación explique la desmejora respecto de las ERCE-2006 y ERCE-2013, instancias en las que Argentina estuvo además sobre el promedio regional.

Entre 2003 y 2015 el gasto consolidado en educación tuvo un crecimiento constante en todo el país, siendo la mejor serie de la democracia. Aumentó en promedio un 2,7% del PBI, pasando del 3,4% al 6,1%. En 2016 se produjo un quiebre sustantivo en la tendencia, el ajuste entre ese año y 2019 provocó una caída de más de -1,3% del PBI cerrando en 4,8%.

Al desagregar esta cifra se observa que algunas áreas sustantivas para la calidad educativa y la inclusión sufrieron recortes que inviabilizaron el cumplimiento de sus metas: FONID: -50,6%; Instituto de Formación Docente: -73%; Investigación y Desarrollo de la formación tecnológica: -134,6%; Infraestructura: -19%; Información y Evaluación de la Calidad Educativa: -44,7%; Política Socio educativas y Gestión Educativa: -70,8%; Desarrollo de la Educación Superior: – 14,1% y otros programas: -25,2%. Estas áreas técnicas son claves en los procesos de mejora continua en todos los países.

Cuando los sistemas son complejos y masivos el desfinanciamiento abrupto provoca una desestructuración profunda en las dinámicas de gestión. Esto, en el sistema educativo, es dramático, ya que sus consecuencias se miden por millones de estudiantes en distintos niveles, geografías y comunidades. En políticas públicas el presupuesto no es la única variable de análisis, pero como quedó demostrado con los mejores desempeños en 2006 y 2013, es condición necesaria para que la calidad educativa sea posible.

El ministro Perczyk lo puso en magnitudes directas señalando que en estos cuatro años ¨el Estado destinó a cada estudiante, en términos reales (base 2020), $10.886 menos por año¨. Este dato adquiere toda su dimensión cuando se observa el empobrecimiento acelerado de la infancia desde 2016 y que en 2020 superó los 6 millones de niños y niñas menores de 18 años.

Inconsistencias dinámicas

La inconsistencia dinámica guarda relación con la variación de los criterios de decisión según su proyección temporal, es un aspecto central cuando se trata de actividades de largo plazo como en educación, esta ocurre cuando se enuncian objetivos ambiciosos que en el corto plazo no se cumplen porque se decantan en otras opciones más cómodas y porque en la mayoría de las veces se esconden en indicadores de gran abstracción.

La educación argentina es un muestrario de estas inconsistencias. Las instancias de reparación que se originan como parte de estos desvíos en las trayectorias nunca alcanzan a recuperar el daño que se genera. Algunos ejemplos pueden ilustrar lo dicho.

A mediados de la década de 1990 cuando se decidió incluir el Art. 7 en la ley N° 24.521 que permitía a quienes ¨hayan cumplido 25 años y no tengan sus estudios secundarios finalizados¨ ingresar a la universidad, junto a los argumentos de vanguardia sobre la educación dual, valora en lo pedagógico el trabajo y la experiencia, prevalecían los datos del horror de las consecuencias de la dictadura y las estadísticas de quienes debieron abandonar en medio de la crisis hiperinflacionaria de 1988-1991.

Numerosos estudios mostraron las consecuencias de la década del 90 en el sistema educativo, durante ese período y desde el año 2000. Entre ellos, en el libro ¨La difícil construcción del oficio universitario¨[i] que analiza trayectorias profesorales y estudiantiles basadas en el seguimiento de más de una década de cohortes de ingresantes en la universidad, se observa la incidencia del ajuste en el sector público, la reestructuración económica y la descentralización imprudente del sistema en los datos negativos de retención y abandono, al igual que en el desempeño cognitivo en diversas áreas disciplinarias. 

Más recientemente una serie de estudios realizados a partir de convenios entre el Ministerio de Educación de Chubut y muchos sindicatos de diversos sectores productivos para implementar de Plan Fines, destinado a completar los estudios secundarios a mayores de 18 años, mostraron que la mayoría de quienes usaban el programa habían abandonado sus estudios en la crisis económica e institucional generada principalmente entre 1998 y 2003.

Se podría hacer mención a centenares de estudios similares con desagregados geográficos más precisos sobre la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes para el ejercicio de su derecho a la educación de calidad. Pero bastan algunos indicadores persistentes para concluir que en educación no se alcanza a reparar intergeneracionalmente los desaciertos anteriores cuando aparecen nuevas crisis evitables, como la originada en la desinversión entre 2016-2019.

Transformación sistémica. Derechos y obligaciones. 

Entre los aprendizajes fundamentales, no de los estudiantes sino de los responsables de políticas, está que la transformación del sistema educativo solo puede hacerse desde el propio sistema. Los resultados de ERCE 2019 indican que además la transformación es necesaria tanto para reparar los desaciertos históricos como para responder a los desafíos del siglo XXI.

El camino iniciado por el ministro Perczyk insinúa una vocación transformadora que hace años no se veía en educación. Caracterizar claramente la complejidad y profundidad de los problemas, enunciados en magnitudes directas evaluables en el corto plazo, permite también movilizar las energías trasformadoras de la comunidad educativa; más cuando el supuesto de las decisiones, desde la escuela hasta el máximo nivel, parte de considerar que los recursos son condición necesaria para sostener políticas educativas que combinen la calidad con la inclusión social.

El contexto de post pandemia va a requerir esfuerzos enormes para realizar el derecho a la educación de la totalidad de chicos, chicas y adolescentes. Esfuerzos no solo al interior del sistema sino también para coordinar políticas públicas con todas las jurisdicciones para que cada institución contribuya al cumplimiento de la educación obligatoria y de los 190 días de clases. Esta vez donde ya hay un derecho social reconocido, surge una obligación estatal. Al fin, en el siglo XXI la justicia cognitiva es constitutiva de la justicia social.