ATE inició un paro de 36 horas y pidió un plan de contingencia para los trabajadores del Estado

En el marco del paro de 36 horas iniciado por ATE, en la antesala de la huelga nacional convocada por la CGT, Sandra Sutherland, dirigente provincial del gremio, se refirió al impacto de las políticas del Gobierno nacional y exigió medidas concretas a nivel provincial. Las declaraciones fueron realizadas en diálogo con el programa La Parada, que se emite por Tiempo FM 97.5, donde señaló que los trabajadores atraviesan un escenario de extrema vulnerabilidad y precarización.

“Yo la verdad es que no te puedo hablar de otra central que no sea la mía, que es la CTA, pero en este sentido, con las políticas de ajuste que se vienen negando a nivel nacional, esto se viene gestando, este frente, desde el año pasado. Sabíamos antes, inclusive cuando se conocen los resultados de las elecciones, imaginate, con lo que había anunciado en ese entonces el candidato a presidente”, manifestó Sutherland.

La referente sindical recordó que las organizaciones comenzaron a trabajar juntas desde que se anticipaban los efectos de un eventual gobierno liberal. “Todas las organizaciones tuvimos las alertas y empezamos a conversar, a juntarnos con esta democratización y luego con las acciones que llevaron adelante en contra de los trabajadores del Estado, más las políticas económicas que inició”, detalló.

Sobre los despidos en la administración pública nacional, advirtió: “Se viene ejecutando un frente de despidos en el ámbito nacional que son efectivos: 40.000 y se proyectan unos 50.000 que se llevarán adelante por parte del Gobierno nacional, con una paritaria de un 1% o un 1,5% en abril. Imaginá la situación de los trabajadores del Estado”.

Sutherland explicó que la crisis ya no afecta solo al sector estatal, sino también a toda la estructura económica del país. “Ya no solo alcanza a los trabajadores del Estado, sino a los trabajadores del sector privado y a la economía informal, a la economía popular, que se ve gravemente afectada por las políticas internacionales que afectan directamente a la economía de nuestro país”, señaló.

En ese sentido, la dirigente remarcó que la orientación del Ejecutivo nacional profundiza la exclusión social. “Sumado a esa política de ajuste, que es la única que tiene y que lleva adelante el Gobierno nacional, se hace muy difícil. Lo conversamos hace meses con mis compañeros de ATE: con esta línea del Gobierno es muy difícil tratar de sacar de la pobreza a los trabajadores y trabajadoras”.

También denunció el desfinanciamiento de áreas sensibles: “Con esas políticas que se cierran en la realidad es muy difícil, cuando se retiran presupuestos, programas de todo tipo, que lo único que hacen es golpear a los vulnerables y fortalecer a los sectores más poderosos. Esa es la tendencia de este Gobierno de extrema derecha”.

Sutherland aseguró que los efectos se sienten con fuerza en todo el país y Santa Cruz no es la excepción. “Estamos viendo con gran preocupación que todas las políticas de ajuste nacional están impactando en todas las provincias de nuestra República, y Santa Cruz no escapa a estas acciones económicas que se llevan adelante. Nos vemos ampliamente perjudicados. Ni hablar de los municipios”.

Sobre la situación de los gobiernos locales, alertó: “Ni hablar de los municipios que ya tienen un salario con el límite de la indigencia. Con estas medidas, se ven ampliamente afectados”.

En ese marco, la dirigente gremial exigió al Gobierno de Santa Cruz un programa urgente para proteger el empleo público. “Lo que estamos justamente pidiendo al Gobierno provincial es que a fin de año ajusten, que hagan un plan de contingencia para los trabajadores y trabajadoras, porque claramente nuestra provincia es una de las que más trabajadores del Estado tiene”.

Finalmente, detalló los puntos centrales del documento que ATE presentó en la jornada de lucha: “Lo que estamos solicitando y que vamos a expresar hoy en forma conjunta es, por supuesto, defensa del trabajo digno y de los derechos; continuidad de la moratoria previsional; distribución justa de los recursos; defensa incondicional de la educación pública; respeto de los derechos de los pueblos indígenas; devolución de las partidas presupuestarias para las políticas de niñez; rechazo a las políticas de cierre de hospitales y programas de salud basadas en la desfinanciación presidencial; y por supuesto, no al endeudamiento a espaldas del pueblo, sin transparencia ni discusión”.