Auditoría del Tribunal de Cuentas detectó irregularidades en la Legislatura

El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz emitió las Resoluciones 338/24, 698/24 y 747/24 mediante las cuales difundió los resultados de una auditoría realizada a la Cámara de Diputados, bajo la responsabilidad del vicegobernador Fabián Leguizamón, correspondiente a los meses de mayo y octubre del presente año, en las cuales fueron detectadas varias irregularidades en el manejo de fondos y las contrataciones efectuadas por esa Legislatura por diferentes ítems, entre ellos publicidad por $ 34.880.000,00

Se trató de una auditoría presencial dividida en dos etapas, la primera ordenada por Resolución 169/24 con fecha 6 de mayo y una segunda por Resolución 665/24 con fecha 28 de octubre del 2024.

El informe en cuestión como las Resoluciones respectivas, llevan la firma de Gabriela Castro, presidenta del Tribunal de Cuentas; de María Matilde Morales, Romina Gaitán y Karina Saúl como Vocales del ente de contralor, y de Karina Murcia en su condición de secretaria general del Tribunal. Vale recordar que la titular del Tribunal fue puesta en funciones en julio de este año, tras la propuesta remitida a la Legislatura por Decreto de parte del propio gobernador Claudio Vidal. Se trató de una propuesta polémica, ya que Castro es cuñada del ahora diputado provincial ex Ministro de Gobierno, Pedro Luxen.

En razón de las maniobras irregulares detectadas, el Tribunal de Cuentas además ordenó la aplicación de una multa de Pesos Cien Mil ($ 100.000,00) a cada uno de los responsables de la Legislatura, al tiempo que les estableció un plazo de diez días (10) para regularizar la documentación faltante, bajo apercibimiento de ser pasibles de una nueva multa. En dicha medida están implicados el Director de Administración, la Subdirectora de Presupuesto, la Subdirectora de Tesorería, una Directora de Administración y la Subdirectora de Contaduría. Asimismo, el instrumento legal emitido por el ente de contralor pone en conocimiento del informe a la Contadora General de la Provincia, CP Estefanía Virginia Ávila “a los fines de tomar los recaudos necesarios” para evitar mayores afectaciones al erario público.

Qué se detectó en las Auditorías?

1. Falta de adecuación a normativas vigentes

El informe resalta el incumplimiento del Decreto N° 1678/22, artículo 90, inciso c, que establece que los fondos rotatorios deben usarse solo en casos de urgencia. Sin embargo, se encontraron gastos regulares, como la compra de artículos de oficina y equipamiento, por un total de $3.491.142,30, sin justificación documental de la urgencia requerida; y por otro total de $ 3.432.428,96 con facturas que tienen fecha anterior a los trámites administrativos y/o que la gestión administrativa coincide en una misma fecha (nota de solicitud, emisión de comprobante y pago).

2. Ausencia de controles en vales de combustible

El Tribunal detectó que entre mayo y agosto de 2024 se emitieron vales de combustible por un total de $1.400.000. Estos comprobantes carecían de detalles sobre los vehículos oficiales beneficiados o el personal asignado, dificultando el control y la trazabilidad del gasto.

3. Contrataciones irregulares de proveedores

Se realiza un gasto por el desarrollo de Front End (maqueta de desarrollo, recibos de sueldo) de la página de la Honorable Cámara de Diputados, observándose que el comprobante tiene domicilio comercial en la ciudad de Mendoza, sin estar inscripto como proveedor del Estado en la provincia de Santa Cruz.

Se identificaron compras realizadas a proveedores no registrados, como el caso de “Dicarpo S.H.”, un conocido frigorífico que facturó $203.400 por “artículos de limpieza”, a pesar de no estar habilitada por la AFIP para la venta de dichos productos. Estas irregularidades vulneran los requisitos del Registro de Proveedores del Estado.

4. Uso indebido de fondos para «ayuda económica»

El informe denuncia que la Cámara de Diputados gastó $195.000 que fueron utilizados para contratar “servicios de fumigación” para una vivienda particular. Este gasto se registró como “ayuda económica” sin cumplir con la clasificación permitida ni contar con un dictamen legal que lo respalde.

5. Regalos protocolares fuera de la ley

El Tribunal de Cuentas observa también un gasto de $368.900 que se destinó a la compra de una campera de plumas para ser entregada como “regalo protocolar” al gobernador Claudio Vidal, con motivo de su cumpleaños. Esto contradice la Ley N° 3325, que regula estrictamente la aceptación de regalos por parte de funcionarios públicos.

6. Transferencias a cuentas personales

Se identificaron múltiples casos de transferencias directas a cuentas personales sin la debida justificación. Por ejemplo, $350.000 fueron transferidos al ex diputado Pedro Valenzuela, y $9.693,25 a una empleada de la propia Legislatura “por la adquisición de insumos escolares”, ambas operaciones figuran como reintegros de dinero por gastos que deben tramitarse bajo otra modalidad.

7. Contratos de publicidad con montos millonarios

El informe destaca que solo en el período evaluado (mayo-agosto) se gastaron $34.880.000 en publicidad oficial desde la Cámara de DIputados, con múltiples irregularidades en la certificación y contratación de los servicios (tamaños de las publicidades, cantidad de segundos contratados, tamaño de los banners). Entre los errores se encuentran la falta de presupuestos comparativos, la inexistencia de justificativos para el gasto y la emisión de contratos antes de completar la documentación requerida a los proveedores. También se observaron discrepancias en los registros fiscales de algunos proveedores, lo que les impediría tener acceso a una pauta publicitaria del Estado provincial.

Los convenios fueron firmados, por una parte, por el Director de Coordinación Legislativa, Marcos Muesca, y la otra parte (el contratado) resulta el representante de una firma nombre comercial y/o fantasía, siendo que no obran en los expedientes la acreditación de su representación, figura legal, ni papel que lo certifique. La mayoría de los contratos fueron rubricados desde el 1 de mayo al 30 de noviembre del corriente año, siendo que los contratos expresan “vigencia del contrato: 6 meses” cuando en realizado son siete (7) meses desde mayo a noviembre.

También el Tribunal observa que los instrumentos legales tienen fecha posterior al inicio de la prestación del servicio, y que la fecha de inicio del expediente es posterior a la fecha del contrato, además que las facturas emitidas tienen numeración correlativa y en otros casos, dieron inicio a su facturación para ello.

8. Adquisiciones y alquileres irregulares

El caso de los alquileres fue uno de los puntos más destacados en el informe. Por ejemplo, se detectó que la Cámara de Diputados alquiló una vivienda por $400.000 mensuales para legisladores y sus asesores, sin contar con la autorización previa del Poder Ejecutivo Provincial, tal como exige el Decreto N° 1260/2018. Además, los comprobantes presentados estaban a nombre del presidente de la Cámara, Fabián Leguizamón, en lugar de estar a nombre del organismo contratante.

Otro caso relevante es la compra de mobiliario por $1.636.500 para esta misma vivienda. Esta adquisición careció de alta patrimonial y de justificación adecuada en el expediente, con dictámenes legales emitidos posteriormente al gasto, violando los procedimientos administrativos establecidos.

9. Irregularidades en los fondos rotatorios especiales (FRE)

El Fondo Rotatorio Especial, destinado al Parlamento Patagónico, también estuvo en la mira. Se reportaron gastos en catering y alojamiento por $636.365,68, cuyos comprobantes tenían fechas inconsistentes y carecían de documentación respaldatoria completa.

10. Superposición de designaciones y faltas en rendiciones

El informe evidencia que hubo designaciones simultáneas para el cargo de Dirección de Administración. Además, varias rendiciones administrativas no fueron entregadas en los plazos establecidos, incumpliendo la Resolución N° 056-TC-2023.

El informe subraya incumplimientos de la Ley Provincial de Ética Pública N° 3034 y del Decreto N° 1678/22, además de la falta de respeto a normativas específicas sobre contrataciones y uso de fondos públicos. Estas irregularidades señalan directamente, como máximo responsable, al vicegobernador Fabián Leguizamón.

Finalmente, el Tribunal insta a los responsables de la Cámara de Diputados, encabezados por Fabián Leguizamón, a regularizar su gestión, presentar los descargos correspondientes y adoptar medidas inmediatas para “evitar futuras irregularidades”.