Aumento nacional en las tarifas: cómo impactará en Santa Cruz

El Gobierno Nacional dispuso un aumento de la tarifa eléctrica para industrias, comercios y grandes usuarios, que comenzará a regir en febrero. Estos datos se conocieron luego que el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) publicara en el Boletín Oficial, el nuevo cuadro tarifario.

Cabe mencionar que los nuevos valores serán automáticamente girados a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA).

En ese sentido, la empresa provincial Servicios Públicos Sociedad del Estado comunicó a los usuarios que a partir del mes de febrero de 2024, trasladará el aumento correspondiente en las tarifas de los servicios unificados, comerciales generales y grandes usuarios.

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Además del incremento nacional obligatorio, los nuevos valores en la provincia se deben a la actualización de precios que se postergaron en época de pandemia, en la cual el Gobierno Provincial propició un subsidio a todos los comercios e industrias, que quedaron por debajo de las categorías residenciales.

Es importante recordar que, desde hace varios años, los comerciantes tienen un cuadro tarifario menor que el de los usuarios comunes residenciales. Además, es necesario aclarar que esta situación solo se da en la provincia de Santa Cruz, ya que en el resto del país los comercios abonan más del doble que los usuarios residenciales comunes.

Por último, en los casos que han trascendido y que referencian aumentos muy elevados, hay que mencionar que se trata de regularizaciones de deudas atrasadas y que la empresa de Servicios Públicos decidió regularizar. El aumento final, en los casos ya descriptos de empresas y comercios, tiene un tope del 300 %.

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Por otro lado, Servicios Públicos Sociedad del Estado informó que procedió a ajustar los valores de agua -también para empresas, comercios y grandes superficies de uso comercial e industrial- que estaban desactualizados desde hacía varios años, a sabiendas que todos los productos químicos y potabilizadores se abonan en dólares. A esto, se suma el desfasaje de los precios de materiales y repuestos que necesitan la planta potabilizadora y los acueductos, para una función óptima.

En el caso del agua se detectó, además, que clubes y empresas no declaraban su consumo, razón por la cual se decidió su regularización.