Axel Kicillof rechazó el blanqueo de capitales de Nación

La provincia de Buenos Aires no participará del programa de blanqueo de capitales que lleva adelante el gobierno nacional, tal como quedó en evidencia este jueves, cuando el tema quedó excluido del proyecto de ley impositiva girado a la Legislatura como parte del Presupuesto 2025.

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, ya le había anticipado al sitio Ámbito Financiero que la provincia no se iba a sumar al Régimen de Regulación de Activos (RIGI) impulsado por Nación, como sí lo hicieron los gobiernos de Neuquén, Misiones, Santa Fe, Córdoba, Salta y Río Negro, entre otros.

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De este modo, la provincia de Buenos Aires podrá cobrarle a los contribuyentes que participan del RIGI los impuestos provinciales potencialmente no tributados, a través de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA).

En una nueva pulseada entre el Gobierno nacional y el provincial a cargo de Axel Kicillof, ARBA accedería a la información de los contribuyentes provista por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que reemplazó a la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pero mantiene los convenios celebrados.

"En este Proyecto de Presupuesto 2025, las prioridades se proponen consolidar al Estado provincial como un escudo ante las políticas del Gobierno nacional, mientras seguimos apostando por un futuro de desarrollo e inclusión en toda la Provincia", explicó López al presentar los planes de Axel Kicillof para el año que viene.

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Fuentes cercanas a Kicillof ya habían explicado que "ir de blanqueo en blanqueo cada cuatro o cinco años no genera una buena cultura tributaria ni incentivos a cumplir", así que el distrito no se sumaría al RIGI.

Hasta la fecha, casi 105.000 personas regularizaron su situación tributaria, por lo que ingresaron al sistema financiero más de U$S 19.000 millones, como informó ARCA el 1o de noviembre pasado.

La primera etapa del RIGI cerró el 8 de noviembre y la segunda estará vigente hasta el 7 de febrero de 2025, con una alícuota del 10% sobre el excedente de U$S 100.000 en cada caso.