Debate legislativo se intensifica ante posibles cambios en la Ley Micaela

El proyecto de ley “Bases”, impulsado por el Ejecutivo, se analiza en un plenario de comisiones. En ese marco y en relación con la Ley Micaela, esta norma establece que solo será obligatoria “en la temática violencia familiar y contra la mujer, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia”.

Vale recordar que la Ley Micaela postula que todos los organismos del Estado deben brindar capacitaciones gratuitas acerca de perspectiva de género y violencia de género. Las capacitaciones son obligatorias para las personas que trabajan en el Estado. Como autoridad de aplicación de la Ley Nº 27.499, lo que se propone es lograr su plena implementación a través de procesos de formación integral, los cuales aporten a la adquisición de herramientas que permitan identificar las desigualdades de género y elaborar estrategias para su erradicación.

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Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, expresó su preocupación sobre los posibles cambios que podrían limitar el alcance y la efectividad de esta ley, cuyo objetivo es transformar la manera en que los agentes del Estado abordan diversas problemáticas.

Según Gherardi, la intención de restringir la ley únicamente a la violencia familiar y limitarla a ciertos organismos específicos, sería contraproducente. En sus palabras, “es no entender para qué existe”. La directora ejecutiva resaltó que el propósito real debería ser mejorar lo que ya está en marcha, sin necesidad de reformar leyes existentes. Además, enfatizó que la Ley Micaela cuenta con un recorrido de cinco años, durante los cuales se han elaborado materiales y llevado a cabo capacitaciones que han contribuido a su implementación.

En este contexto, Néstor García, padre de Micaela García -cuyo feminicidio inspiró la creación de la ley-, advirtió en la Cámara de Diputados que aceptar la propuesta de reforma equivaldría, prácticamente, a derogar la legislación en cuestión. García destacó la diferencia entre violencia familiar y violencia de género, señalando que la modificación propuesta intenta equiparar ambos conceptos.

“Vengo a hablar de la modificación que se pretende hacer a la Ley Micaela, me parece que la modificación es como intentar derogar la ley. Violencia familiar no es lo mismo que violencia de género, porque se pretende hacer este reemplazo”, enfatizó García, durante su exposición en el plenario de comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda, y Asuntos Constitucionales.

La propuesta de reforma está incluida en el proyecto de “Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos”, generando una división de opiniones en el ámbito legislativo y la sociedad en general. Mientras algunos argumentan que es necesario ajustar la ley para una mejor aplicación, otros temen que dichas modificaciones diluyan su impacto original. El debate en torno a la Ley Micaela continúa siendo un tema central en la agenda pública, marcado por la urgencia de abordar la violencia de género de manera efectiva y comprometida.