Desde enero frenaron pago de reintegros por Zona Fría

Desde enero, el ministro de Economía, Luis Caputo, frenó el pago a las distribuidoras de los reintegros bajo el régimen de Ley N° 25 565 de - Zonas Frías. Gracias a dicha normativa, la mitad de los usuarios de gas natural del país tienen una tarifa diferencial con una bonificación por vivir en regiones de bajas temperaturas, y tal el caso de Santa Cruz. Dicho sistema prevé, que luego el Estado sea el que reintegra una parte del costo del servicio. Esta cifra es cancelada con fondos recaudados a través de un fideicomiso que administra el Palacio de Hacienda, frenado desde enero.

Ahora, con la excusa de realizar primero auditorías, Caputo dejó de afrontar los compromisos de todos los fideicomisos que administra el Gobierno Nacional.

En rigor, el Ejecutivo frenó la devolución de la Zona Fría a todo el segmento de distribución, que incluye a las distribuidoras (Camuzzi Gas del Sur, Camuzzi Gas Pampeana, Cuyana, Ecogas, Gasnor, Litoral Gas) y a más de 40 subdistribuidoras del país.

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Dichas empresas dejaron de recibir el pago desde enero, febrero y marzo. Desde el Instituto de Subdistribuidores de Gas Argentino (ISGA) advierten que si los fondos no llegan por el pago, deben dejar de ofrecer el servicio.

El régimen de Zona Fría comenzó en los ´90 y, originalmente, fue una medida para la Patagonia pero se amplió a la mitad de los usuarios de gas del país a través de la aprobación de la Ley 27.637, sin discriminar la condición socioeconómica de los hogares. El régimen de Zona Fría (Ley 25.565 y 27.637) representaba un 50 % de las facturas de los usuarios de la Patagonia. Con la ampliación de 2021 a la mitad de los usuarios de gas del país, el margen del descuento final se ubicó entre un 30 % y un 50 %, según el volumen de consumo. La bonificación es sobre el total del monto de las boletas, excluyendo los impuestos.

Las subdistribuidoras están reguladas por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). Son empresas que nacieron a partir de 1985 por una ley del gobierno de Raúl Alfonsín, que habilitaba a una localidad a afrontar las obras para construir la red de gas natural sin depender de Gas del Estado y, luego, podía operarla de manera independiente. Después de la privatización en 1992 de la empresa estatal (se dividió en nueve distribuidoras en todo el país), las subdistribuidoras continuaron operando. En la actualidad, abastecen a 500.000 usuarios (casi el 5 % del país).