El Calafate no avala el descuento por coparticipación de los aportes que deben a la CSS

El diputado por Municipio de El Calafate, Carlos Alegría, presentó un proyecto de Ley de Intangibilidad de los fondos coparticipables, al enterarse que el Gobierno de Santa Cruz busca descontarles a las intendencias por coparticipación los aportes que adeudan a la Caja de Servicios Sociales.  

“Ese dinero pertenece a cada habitante de las localidades y representa servicios a vecinos y vecinas, no se puede descontar libremente”, dijo el legislador.  

En un parte de prensa, Alegría describió que el sistema de coparticipación en Santa Cruz, vigente desde 1983, “no ha sufrido modificaciones coyunturales”.  

El diputado pidió “avanzar en una prohibición expresa a cualquier descuento que el Estado Provincial quiera realizar sobre los recursos que perciben los Municipios en concepto de la Coparticipación Provincial establecida por la Ley Provincial Nº 1.494, Ley Nacional Nº 23.548, y los Artículos 146 inc. 3º y 154 de la Constitución Provincial”. 

El proyecto de ley N° 29/24, que ya tomó estado parlamentario, está en las comisiones de asuntos Constitucionales, asuntos Municipales, Presupuesto y Hacienda y Legislación General para su análisis y tratamiento. 

“Los fondos que perciben los Municipios en carácter de coparticipación no son en ningún momento provinciales, sino que efectivamente son propiedad de las Municipalidades desde su misma percepción por parte de los Entes Recaudadores y hacen al derecho a la autonomía económico-financiera que las Constituciones Nacional y Provincial reconocen a este nivel de gobierno, célula basal de la organización estatal y primer nivel de respuesta de la gestión pública”, explicó.  

“No pueden descontar el dinero que es de los municipios porque pertenece a cada habitante de las localidades y representa servicios a vecinos y vecinas en sus ciudades”, aseguró el diputado cercano al intendente Javier Belloni, con lo que se conjetura que es impulsado de manera conjunta.  

"Sin conformidad previa del Municipio afectado, resulta arbitrario, pero sobre todo ilegal e inconstitucional, afecta a la autonomía financiera de las Municipalidades”, explicó Alegría quien recordó el Estado Provincial tiene derecho de perseguir las deudas que las Municipalidades puedan tener con éste y sus órganos dependientes “con esta ley no se busca impedir el cobro de deudas que podrían resultar legítimas, sino que dicha acción se realice de forma legal, armónica con la Constitución, y sin afectar un bien superior: la autonomía municipal y el derecho de propiedad de los Municipios”. 

“La semana pasada, en medios de comunicación dieron a conocer el Decreto 235/24, por el que el Gobierno Provincial retendrá los recursos de los municipios y Comisiones de Fomento que adeuden aportes a la Caja de Servicios Sociales, para ello deberán mantener reuniones con cada intendente o comisionado de fomento para poder regularizar las deudas pero de ninguna manera pueden llevar adelante un descuento arbitrario a los fondos de coparticipación porque están establecidos por Ley”, finalizó Alegría.