El caso Deseado recuerda la necesidad de la reforma Procesal Penal en Santa Cruz

Desde hace más de una década algunos referentes de la Justicia provincial vienen batallando para que en Santa Cruz se discuta la reforma Procesal Penal, lo cual significa que la investigación pase a manos de los fiscales, como es en casi todas las provincias y que se le dé oralidad para que la ciudadanía pueda controlar no ya en el juicio oral, sino en todo el proceso.

Esta reforma significa, ni más ni menos, en materia de proceso acusatorio, que son los fiscales los que investigan y los jueces los que juzgan. De hecho, ya hay muy pocas regiones en donde no es así. Tanto, que Santa Cruz es la última provincia argentina que quedó con un régimen considerado vetusto.

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Equiparación de estándares- Los cuestionamientos al Dr. Oldemar Villa, el juez de la causa de Puerto Deseado, nos remite a este debate que intentan instalar desde hace años –aún sin éxito- algunos especialistas en la Justicia santacruceña.  

Una reforma “va a permitir equiparar los estándares que tenemos con otras provincias”, viene sosteniendo repetidamente el ex fiscal Gabriel Giordano, que en diciembre del 2017 accedió al beneficio de la jubilación. Desde entonces, viene trabajando en una organización para, entre otras cosas, avanzar en esta reforma.

“El gran desafío cuando yo hablaba de la década perdida del Ministerio Público era éste, apuntar a la equiparación de los estándares”, sostuvo por entonces Giordano.

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En agenda de un diputado- Ya en el 2018, TiempoSur daba a conocer que la gobernadora Alicia Kirchner estaba decidida a habilitar la modificación del Código de Procedimiento Penal de Santa Cruz, con la idea de abandonar el sistema inquisitivo, que en la Argentina quedó en desuso hace más de una década.

El Gobierno ya venía preparando el terreno para la reforma cuando hizo una Ley de Seguridad Pública, y aggiornó la doctrina, creando, entre otras cosas, la figura de la Policía Judicial.

De hecho, la novedad fue confirmada por el entonces secretario de Gobierno e Interior, Martín Chávez: “Somos una de las pocas provincias que no tiene su sistema acusatorio implementado, y por eso, la orden de Alicia es trabajar en este tema, con el mayor nivel de consenso posible”, dijo en esa oportunidad.

Chávez (Frente de Todos) fue electo diputado provincial y asumió el pasado 10 de diciembre. Ese día, entrevistado por este medio, señaló que uno de sus primeros proyectos tendrá que ver con este tema.

El objetivo trazado es que “Santa Cruz no sea la última provincia en acoplarse a la Constitución Nacional y a lo que es el sistema vigente en casi toda la república”, dijo el día que recibía el diploma como nuevo legislador.

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La comisión asesora- Según se cree, lo primero que se hará es crear una Comisión Asesora que va a preparar la redacción del proyecto de ley. En esa Comisión, estarán los vocales del Tribunal Superior de Justicia, e incluso el gremio de Judiciales “3 de Julio”, juristas de amplia trayectoria que vendrán a Santa Cruz para dar su mirada, y actores que comprendan el contexto social de Santa Cruz.

Como ya contamos en otra oportunidad, dejar atrás el Código de Procedimiento Penal, tal como lo conocemos, no es un tema menor, sin embargo, todavía no irrumpió en el debate público, aun cuando la modificación signifique un enorme cambio para los santacruceños.

Por ejemplo, que la Provincia tenga un sistema acusatorio obliga a abreviar los tiempos judiciales, porque se abandona el lenguaje que divorcia a la gente común de funcionarios que esgrimen un lenguaje rebuscado para su mundillo, porque empodera a los fiscales y a los jueces de instrucción, asignándoles a los primeros la persecución penal, y a los segundos los transforma en jueces de garantías.

Tal como lo conocemos hoy, el sistema inquisitivo es el que hace que los juicios sean extremadamente burocráticos, después de haber atravesado todo un proceso de instrucción lento, en expedientes que muchas veces sólo saben leer los abogados. En cambio, el sistema acusatorio promueve la oralidad, habla de audiencias con el juez y las partes, y de otros mecanismos de “resolución de conflictos”.

La última vez que el ex fiscal Giordano se reunió con autoridades del Gobierno, éstas le trasmitieron la voluntad política de avanzar con la reforma. El 2020 podría ser el año en el que se avance en esta importante transformación del sistema procesal penal.