El Gobierno vetó toda la ley de movilidad jubilatoria por ser "violatoria"

El Gobierno confirmó el veto de la ley de movilidad jubilatoria, por ser un proyecto "manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente". El presidente Javier Milei había adelantado que no iba a aprobar el incremento de jubilaciones porque "aumenta el costo fiscal".

La medida fue confirmada a través del decreto 782, publicado durante la mañana de este lunes en el Boletín Oficial y lleva la firma de todo el gabinete nacional.

Milei vetó el aumento de jubilaciones a través de un decreto

Según argumentó el Gobierno, el proyecto aprobado por el Congreso "no determina la fuente de financiamiento" para solventar el aumento en todos los haberes. Un detalle que la propia gestión de Milei argumentó en el decreto, al citar la ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

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Esta normativa exige que "toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general, deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento".

El decreto publicado este lunes también cita el artículo 126 del reglamento de la Cámara de Senadores, para argumentar la "ilegalidad" del proyecto aprobado por el Congreso. De la misma forma que en la ley de Administración Financiera, el reglamento del Senado establece que "todo proyecto que importe gastos incluirá en sus fundamentos la estimación de tales erogaciones e indicará la fuente de financiamiento, a fin de justificar la vialidad del mismo. De no ser así, no se discutirá en las sesiones de la Cámara hasta tanto la omisión no sea subsanada".

El Gobierno, a través del decreto, pidió "sensatez institucional" y que el Poder Legislativo actúe "de forma responsable, cuidando de no emitir disposiciones cuya aplicación sea inconveniente para las cuentas públicas", o mismo que "contradigan la proyección de ingresos y distribución de gastos prevista en el Presupuesto Nacional".

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La Administración de Javier Milei citó el artículo 100 de la Constitución Nacional en el decreto para argumentar la decisión de vetar la ley de reforma previsional. Este artículo faculta al Poder Ejecutivo de enviar el proyecto de ley de presupuesto con acuerdo de todo el gabinete, por lo que el presupuesto "se diseña con base en el programa general de Gobierno, que no es simplemente el programa del presidente, sino el programa que el pueblo votó al elegir al presidente, y al plan de inversiones públicas".

Si el estado aplicara el aumento previsto en el proyecto aprobado en el Congreso, "le implicaría un gasto adicional previsto de aproximadamente seis billones de pesos para el 2024 y 15 billones para el 2025". Lo que equivale, según el Gobierno, a 1,02% del PBI del 2024 y 1,64% para 2025.

(Diario Crónica de Comodoro Rivadavia)