El pedido de juicio político a miembros del Tribunal de Cuentas se nacionalizó

Tras el pedido de juicio político del vicegobernador de Santa Cruz, Fabián Leguizamón, hacia el presidente del Tribunal de Cuentas, Carlos Ramos, y las vocales Matilde Morales y Romina Gaitán por presunta “violación de los deberes de funcionario público y omisión o retardo de sus funciones”, el Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas de la República Argentina comunicó que “rechaza cualquier intento de avallasamiento a la independencia y/o interferencia al ejercicio de facultades y obligaciones asignadas por la Constitución provincial y la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas de Santa Cruz".  

Firmado por las máximas autoridades del Secretariado (Sergio Oste, Norma Millone Juncos y Fabiola Bianco), el máximo órgano que nuclea a la totalidad de los Tribunales de Cuentas del país considera que “el ataque lesivo a la independencia, autonomía y facultades de estos organismos de control, encargados de fiscalizar las cuentas y la gestión económica de los órganos de gobierno, constituye un peligroso avance contra el mismo orden democrático consagrado en las respectivas Constituciones provinciales y, por consiguiente, la convalidación de una clara pretensión del propio Gobierno de sustraerse al control al cual debe someterse en el marco del estado de derecho”.  

Con las argumentaciones en el considerando, que ocupa dos páginas del documento, declaran que “rechazan las acciones llevadas adelante con el propósito de la destitución del Sr. Presidente y Vocales del Tribunal de Cuentas de Santa Cruz, así como los procedimientos llevados a cabo de manera irregular, irrazonable e intempestiva sustentados en fundamentos que denotan una manifiesta ilegitimidad y un ataque infundado a su inconstitucionalidad”.  

El frente del Tribunal de Cuentas de Santa Cruz, ubicado en la calle España de Río Gallegos. 

En el tercer artículo, el Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos Público de Control Externo de la República Argentina advierte de “disponer por parte del Secretariado el seguimiento de la situación institucional que vive el Tribunal de Cuentas de Santa Cruz de manera de preservar el control de los dineros públicos de cualquier situación política coyuntural”.  

El pedido de juicio político al presidente y las dos vocales del órgano de control de Santa Cruz se presentó el jueves 14 de marzo en la Cámara de Diputados de la provincia y se conformó la Sala Acusadora y Sala Juzgadora por sorteo.  

Hace un mes, el 22 de febrero, Leguizamón fue al Juzgado de Instrucción N°2 de Río Gallegos y denunció a Ramos por la presunta “incompatibilidad de cargos por parentesco sanguíneo; ejercicios, informes, balances y rendiciones faltantes o presentadas fuera de término”.  

“Entendemos que tanto la falta de control como la omisión fue adrede y que incluso pudo existir cierta complicidad para permitir que ocurran hechos que beneficiaron a algunos personajes de la política”, argumentó el vicegobernador en la denuncia.

Falencias constitucionales

La Constitución de la provincia de Santa Cruz determina que la figura del "juicio político" es aplicable a la figura del gobernador, vicegobernador e integrantes del Superior Tribunal de Justicia.

En caso de áreas administrativas y sucedáneas aparece la figura del "jury de enjuiciamiento" como la aplicable para situaciones de irregularidad en el desempeño de la función pública, procedimiento que deben llevar adelante "letrados acreditados" imponiendo está condición como válida para llevar adelante dicha figura.

Curiosamente, varias dependencias de Magistrados y Abogados de la ciudad y la provincia pusieron en tela de juicio la designación del diputado Mario Piero Boffi para integrar el Consejo, ya que el mismo no posee título de abogado, requisito fundamental para dicho cargo.