El Tribual Superior y el Ministerio de Justicia de la Nación firmaron dos convenios vinculados a infancias y discapacidad

Esta mañana, en la sala de Acuerdos, “Dra. Clara Salazar”, tuvo lugar la firma de dos actas complementarias al Convenio Marco de colaboración mutua entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz. Allí se hicieron presentes la presidenta del TSJ, Paula Ludueña junto a la vocal Reneé Fernández y los vocales Fernando Basanta y Daniel Mariani; además del jefe de Fiscales de la provincia, Lisandro de la Torre, y el titular de la Superintendencia, Matías Neil, quienes recibieron al secretario de Justicia de la Nación, Martin Mena y al director de Asistencia Técnica y Apoyo a las Justicias Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, José Luis Zerillo. De la reunión también participó el ministro de Seguridad de Santa Cruz, Luca Pratti.

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En primer término, se firmó el Acta ADAJUS (Asistencia para las personas con discapacidad en relación con la administración de Justicia), que brinda un marco de abordaje interdisciplinario para trabajar transversalmente la temática.

El programa se apoya en los términos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ley 26378 y brinda orientación y asistencia técnica a las personas con discapacidad y sus familiares, interviniendo en casos donde exista una barrera comunicacional, con guías y protocolos de abordaje, promoviendo también capacitaciones para los actores del Poder Judicial, Colegios Profesionales y funcionarios de la Administración Pública, al igual que del sector privado que lo soliciten.

Plantea la intervención de las personas con discapacidad en situación de encierro carcelario, la actuación de los cuerpos periciales en los procesos judiciales, asistencia técnica para las adecuaciones y reformas legislativas y la cooperación interinstitucional con organismos internacionales.

El segundo convenio firmado está vinculado al Protocolo de Búsqueda de Niños, Niñas y Adolescentes Extraviados, bajo la premisa de dar cumplimiento a las competencias del Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas.

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El acuerdo permitirá recibir, sistematizar, cotejar, elaborar, transmitir y archivar la información, diseñando la capacitación a actores institucionales intervinientes, dar difusión de la temática y cualquier acción coordinada para prevenir, proteger y restituir derechos de niños, niñas y adolescentes de la provincia de Santa Cruz.