En alerta por el presupuesto universitario y su atraso económico

Durante el primer año de gestión de Javier Milei, las universidades públicas de Argentina protagonizaron masivas marchas en defensa de su presupuesto y contra el ajuste impulsado por el Gobierno. Lo que comenzó como un conflicto por la falta de actualización de fondos en un contexto de alta inflación escaló hasta el veto presidencial a una ley de financiamiento. Miles de estudiantes, docentes y no docentes salieron a las calles en abril y octubre de 2024, visibilizando una crisis que puso en jaque el sistema educativo superior. El enfrentamiento marcó un hito en la resistencia social al plan económico libertario.

El conflicto arrancó temprano en 2024, cuando el Gobierno decidió prorrogar el presupuesto de 2023 para ese año, sin ajustes por la inflación, que llegó a casi el 290% interanual en marzo. Las universidades denunciaron que los fondos para funcionamiento y salarios quedaron desfasados, afectando desde clases hasta servicios básicos. El 23 de abril tuvo lugar la primera gran marcha: más de 800.000 personas se movilizaron en el país, con epicentro en Plaza de Mayo, exigiendo recursos para no apagar “las luces de las aulas”. El Ejecutivo respondió con un aumento del 70% en gastos de funcionamiento, pero el reclamo por salarios persistió.

En septiembre de 2024, el Congreso aprobó una ley para recomponer el financiamiento universitario, enfocada en aggiornar sueldos al ritmo inflacionario. Sin embargo, Milei la vetó, argumentando que atentaba contra el equilibrio fiscal, desatando una segunda ola de protestas el 2 de octubre.

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En este marco Martín Saavedra, presidente del Centro de Estudiantes UNPA-UARG, indicó: “Estamos acompañando a médicos que se movilizan, pero también más allá de esto, planteamos la situación crítica que encaramos con el presupuesto congelado. El presidente mantiene el presupuesto 2022 sin contemplar inflación ni devaluación, con la decisión del gobierno de enviar dinero de manera discrecional sobre si las universidades responden a lo que ellos piden”, señaló en diálogo con TiempoSur, este 23 de febrero de 2025, en el marco del izamiento dominical en Río Gallegos. La comunidad educativa replicó entonces con tomas, clases públicas y paros.

El Gobierno insistió durante 2024 en que el sistema universitario era “caro e ineficiente” y propuso auditorías, mientras las universidades defendieron su autonomía y prestigio. En octubre, las protestas sumaron apoyo de sindicatos y sectores opositores, con vigilias y cortes de calle. Saavedra agregó hoy que “la pelea sigue siendo por una educación pública que no se negocia”. La tensión creció de cara a 2025, con un proyecto de presupuesto que ofreció la mitad de lo pedido por los rectores, dejando el conflicto abierto y latente. Las voces patagónicas resaltaron el rol de las universidades como pilar en regiones donde el acceso al conocimiento es clave para el desarrollo.