Chute advirtió sobre el tarifazo para los santacruceños

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) llevó adelante, este lunes, la segunda audiencia pública convocada con el objetivo de analizar los aumentos en las tarifas de la energía eléctrica.

Por caso, las empresas transportadoras de energía eléctrica solicitaron una readecuación de ingresos de hasta el 255,7 %, con una incidencia en la tarifa final de no más del 3,8 %. Además, reclamaron una actualización mensual y automática y que no se incurran en demoras en los pagos que les realiza la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA).

Los pedidos fueron formulados en el marco de la segunda audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE), como paso previo a los ajustes tarifarios que tomará la Secretaría de Energía.

Por Río Gallegos, estuvo presente el secretario de Gestión Legal y Técnica del Municipio, Gonzalo Chute, quien se refirió a cómo afectaría esto a los santacruceños.

"Considero necesario recordar que el derecho al acceso a los servicios de energía eléctrica a una tarifa justa y razonable, no es solo un imperativo que surge de nuestra Ley N° 24.065, sino que, además, es considerado un derecho humano por la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, e incluso, señalado por nuestra Corte Suprema de Justicia", indicó Chute en primer lugar.

Continuó remarcando que las autoridades deben velar para evitar los perjuicios que podría generar la imposición de tarifas confiscatorias o irrazonables, "sobre todo para los sectores de menores ingresos y, especialmente, en un contexto económico adverso".

Chute enfatizó que, pese a los constantes pedidos de informe, no surgieron inversiones por parte de TRANSPA S.A. para mejorar la calidad del servicio brindado en la localidad.

"De hecho, en cuanto a inversiones la ciudad de Río Gallegos es mencionada solamente en una brevísima referencia en la página 59, diciendo que van a realizar 'tareas de reemplazo de protección catódica en los electroductos de 220 kilovolts de Esperanza-Río Gallegos y Esperanza-Río Turbio'. Inversión que ni siquiera podría ser calificada como tal, ya que solo tiene por objeto resguardar el equipamiento de la empresa y que, de ninguna manera, redundará en un mejor servicio", sostuvo.

"Durante el año 2.023, los vecinos de Río Gallegos nos vimos afectados por numerosos, largos e imprevistos cortes de energía que tuvieron su origen en el accionar de TRANSPA, quien se presenta a esta instancia sin informar ninguna acción trascendente que mejore la calidad del transporte de energía para los usuarios de esta ciudad. Sin informar ninguna inversión que prevenga que, a futuro, vuelvan a ocurrir hechos similares a los que sufrimos el invierno pasado. Pero pidiendo a los riogalleguenses que subsidien las ganancias de la empresa sin recibir nada a cambio, ni siquiera la garantía de gozar del servicio más básico de electricidad", prosiguió Chute.

El secretario de Gestión Legal y Técnica, indicó que se mostró una "profunda preocupación, como Municipio, por las consecuencias que tendrá para los usuarios de nuestra provincia las políticas anunciadas por el Gobierno Nacional en materia energética en general. Y, en particular, por el proceso de quita de subsidios a la energía eléctrica, lo que redundará en un aumento desproporcionado y significativo para los vecinos de Río Gallegos, en particular, y de toda Santa Cruz, en general. Es importante aclarar que nos encontramos en una zona fría, con temperaturas frías extremas, en donde los picos de consumo de energía eléctrica se dan entre mayo y agosto. Período en el cual el servicio de electricidad es esencial, incluso, para poder desempeñar las actividades diarias más básicas en una época del año en donde tenemos, apenas, seis o siete horas de luz solar".

Datos

Chute indicó que, según datos de noviembre de 2.023, los usuarios de ingresos bajos de nuestra provincia contaban con un subsidio de, aproximadamente, el 80 % del valor. Y los de ingresos medios, de un 60 %, en virtud del régimen de segmentación de subsidios. Lo que en la factura mensual que la Provincia abonaba a CAMMESA, hacía un promedio del 44 % del valor total. Sumado esto a la política de liberación de precios implementada por el Gobierno Nacional, es que podría estimarse un aumento base de entre el 130 % y el 327 % para los usuarios de nivel bajo y medio, según el análisis realizado por la consultora Economía & Energía, que hasta podrían llegar a un 500 %.

Así es, que la implementación de un esquema de quita de subsidios  -los cuales resultaban ser progresivos porque subsidiaban, sobre todo, a los sectores más bajos- perjudicaría más gravemente a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad en un contexto económico que se reconoce angustiante y, que se agrava más, en las localidades que utilizan generación aislada: "La política de liberación de precios sin una ponderación humana que piense en el bien común podría, directamente, decretar la muerte de numerosas localidades de Santa Cruz", sostuvo.