Congreso

Impulsan un marco regulatorio de protección contra el negacionismo

La vicepresidenta de la Nación afirmó que “no fueron 30 mil” los desaparecidos en la dictadura. El proyecto presentado prohíbe a todo el personal que se desempeña en los tres poderes, “declaraciones que reivindiquen, justifiquen o nieguen los crímenes de lesa humanidad”.

  • 27/03/2024 • 08:09

“No fueron 30 mil”, afirmó el pasado 24 de marzo la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, en el marco de  la conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Ante esto, el senador nacional Sergio “Oso” Leavy (UxP-Salta) presentó un proyecto de ley para crear un marco regulatorio de protección contra el negacionismo.

La iniciativa propone la protección de los Derechos Humanos reconocidos y garantizados constitucional y convencionalmente. Así, aclara que “las disposiciones de la ley serán obligatorias para todos los agentes y funcionarios que se desempeñan laboralmente en los poderes y organismos del Estado”.

 

“Queda terminantemente prohibido a todo el personal que se desempeña en los poderes y organismos, desarrollar toda acción y omisión que suponga exteriorizar por cualquier medio, declaraciones públicas tendientes a reivindicar, justificar, negar, relativizar los delitos cometidos por hechos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y actos de terrorismo de Estado. También, exponer manifestaciones notorias, elogiando, celebrando, minimizando, justificando o aprobando a los autores responsables de los delitos”.

También propone la modificación del Código Penal para que el negacionismo de los delitos de genocidio y de crímenes de lesa humanidad, sean reprimidos con prisión de un mes a un año e inhabilitación para ocupar cargos públicos por el término de cinco años. Además, establece una multa de 100 a 1000 unidades fijas que serán calculadas por el valor de las unidades de medida arancelaria PJN.

En ese sentido, propone una sanción a los medios de comunicación que también difundan o reproduzcan expresiones negacionistas, con una multa que va del 0,1% al 10% de la facturación de publicidad obtenida en el mes anterior a la comisión del hecho.