Industria pesquera: desafío frente a la inacción judicial

El acuerdo que selló el gobierno provincial por las nuevas asignaciones de las Cuotas Transferibles Individuales de Captura (CITC) que rigen a partir de enero e incrementaron el permiso de pesca de merluza hubbsi de 4.500 a casi 20 mil toneladas representa una oportunidad histórica para la actividad pesquera provincial, ya que abre la posibilidad de consolidar la capacidad productiva del sector, proyectar un crecimiento sostenido en los próximos años, fortalecimiento la infraestructura portuaria y de procesamiento y generando el tan necesario empleo genuino en nuestras comunidades, sin descuidar el resto del recurso de distintas especies presentes en nuestro amplio litoral oceánico. 

En ese sentido, la pesca brinda hoy una de las principales fuentes de trabajo y riqueza de las ciudades costeras como Caleta Olivia, Puerto Deseado y Puerto San Julián, aunque con el peligro creciente que no proviene del agotamiento del recurso ni de la competencia nacional o internacional, sino de la inacción judicial frente a denuncias formales de irregularidades como en el caso de la ex Barillari de Caleta Olivia y las cooperativas de trabajo que operan en dicha planta, con más de 400 trabajadores operando y cuestionamientos a la dirigencia por desmanejos administrativos, falta de transparencia y maniobras coercitivas tales como amenazas y aprietes. 

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Este tipo de situaciones, que afectan tanto a los trabajadores como a los empresarios, ponen en riesgo la sostenibilidad y la competitividad de una actividad clave con la gravedad de la inacción judicial aún con los procedimientos formales en curso por falta de recursos y burocracia judicial dando lugar a un clima de impunidad que agrava la problemática.

Cabe destacar que en el caso mencionado se complejiza aún más el panorama dado que es el mismo Poder Judicial el que incumple con las medidas dictaminadas por sus propios funcionarios, siendo parte de una problemática que crece y recae principalmente sobre quienes efectuan las denuncias correspondientes sujetas a derecho. 

Aunque se aguardaban diligencias judiciales concretas días atrás, la inacción tiene consecuencias graves ya que, por un lado, perpetúa las prácticas irregulares, desalentando a quienes intentan operar de manera legal y por otro, debilita la confianza de los trabajadores en las instituciones, lo que puede derivar en conflictos sociales que afectan la estabilidad del sector, tensionando las relaciones entre los actores intervinientes atentando directamente contra la potencialidad de la actividad pesquera y las perspectivas de crecimiento que en Santa Cruz se vislumbran a futuro.