La Cámara Nacional del Trabajo anuló todo el capítulo laboral del DNU

Este martes, la Cámara Nacional del Trabajo declaró inconstitucional el capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 de desregulación económica, tal como lo pidió la CGT. Primero, había suspendido su vigencia.

El fallo lo firmaron los miembros de la sala de feria, Mario Fera y Héctor Guisado, en la causa promovida por la CGT y la CTA.

La CGT consideró que el DNU 70/2023 viola el principio de división de poderes y establece una reforma laboral con modificaciones "peyorativas y permanentes" en los derechos de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, garantizados por los tratados internacionales y la propia Constitución Nacional.

En un recurso de apelación rechazado, el Poder Ejecutivo expuso que la asociación busca impugnar un DNU "dictado conforme los lineamientos y prescripciones del Artículo 99, Incisos 1, 2 y 3 de la Constitución Nacional, a los efectos de intentar corregir los profundos desequilibrios imperantes que hacen a la urgencia y necesidad de la medida".

El Gobierno afirmó que, como se trata de una cuestión de "derecho público", el tratamiento judicial de la misma "es del resorte exclusivo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal", y que la medida cautelar fue dictada violando instancias que aseguran mayor información y elementos de evaluación.

Y remarcó que, el objeto del DNU es "reivindicar derechos civiles como el derecho de trabajar y de ejercer toda industria lícita" y que "promueve una integral protección, con normas que abogan por fomentar y aumentar el empleo y antepone la voluntad del trabajador por sobre la voluntad de sus representantes".

Las medidas cautelares presentadas por las centrales sindicales y diferentes gremios en contra de las leyes laborales que modifica el DNU presidencial, habían sido apeladas por el Gobierno pero, hasta el momento, las instancias superiores de la Justicia "desestimaron" las argumentaciones del Ejecutivo Nacional al respecto.

En sus distintas presentaciones, las entidades gremiales consideraron que el DNU 70/2023 afecta "los derechos y garantías constitucionales" en materia laboral que rigen en el país, entre otros aspectos, en favor de los trabajadores y su representación sindical.

El 24 de enero pasado, la jueza laboral de feria, Liliana Rodríguez Fernández, consideró que los cambios propuestos por el Gobierno Nacional en el decreto "no habían cumplido los recaudos constitucionales".

Al mismo tiempo, la magistrada evaluó que no estaba "debidamente justificada" la necesidad y la urgencia de la reforma planteada en un decreto de ese tipo.