La Comisión de Derechos Humanos tratará diversos proyectos para penar el negacionismo

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados comenzará a debatir este miércoles, los proyectos de ley que proponen la incorporación del antisemitismo como causal en la ley antidiscriminatoria, y el aumento de las penas por manifestaciones y actitudes negacionistas de genocidio y de crímenes de lesa humanidad.

La Comisión presidida por Hugo Yasky, se reunirá desde las 14 horas en el edificio anexo, y también abordará el proyecto que establece la creación del Observatorio para la Convivencia Democrática con la modificación del artículo 213 del Código Penal, sobre sanción para actitudes negacionistas y/o apologistas de genocidio y crímenes de lesa humanidad.

Entre los proyectos referidos a la penalidad del negacionismo, se buscará aunar criterios en torno a las iniciativas de Marina Stilman (Coalición Cívica) y de los oficialistas Estela Hernández, Eduardo Fernández, Gisela Marziotta y Carolina Moisés, a partir de un borrador de consenso elaborado por el propio Yasky.

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Uno de los proyectos, el del cordobés Fernández, establece la modificación del artículo 213 para estipular que "será reprimido con prisión de tres meses a dos años, quien públicamente niegue, apologice o reivindique la comisión de delitos respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad, previstos por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y demás tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, a los que nuestro país adhiere".

En otro de los artículos, el proyecto señala que "será reprimido con multa económica de 10.000 a 100.000 pesos, quien hiciere manifestaciones públicas por las que niegue, apologice o reivindique la comisión de los delitos respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad. Los mismos previstos por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y demás tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, a los que nuestro país adhiere".

En cuanto a los agravantes, se propone: "Será sancionado con la destitución definitiva de su cargo e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el término de diez años, el funcionario público de cualquier Poder del Estado, jerarquía y jurisdicción, que durante el ejercicio de su función hubiere realizado manifestaciones públicas por las que niegue, apologice y/o reivindique la comisión de delitos respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad".

Y agrega: "Será reprimida con multa económica del doble de la fijada, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 213 ter de la presente ley, el funcionario o la funcionaria que durante el ejercicio de su función hubiere realizado manifestaciones públicas por las que niegue, apologice o reivindique la comisión de delitos respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad".

En cuanto al proyecto de Moisés, también propone modificar el artículo 213 creando un tipo penal agravado para los funcionarios o funcionarias públicas, al disponer "sanciones como la destitución de su cargo e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el doble de tiempo de la condena".

Además, establece que el funcionario o funcionaria pública que haya sido apartado del cargo "deberá acreditar capacitación en materia de derechos humanos, previo a una nueva y futura designación, una vez cumplida la pena de inhabilitación".