Provincia asistirá a los despedidos y el Municipio aguardará fallo de la Justicia

El legislador Miguel Farías, primero distinguió entre la situación laboral, que está judicializada; y lo acontecido el jueves por la noche, cuando un grupo de los despedidos autodenominados los “208” fueron “disuadidos” del Municipio de Pico Truncado, mientras ingresaban a la Comuna para mantener una supuesta reunión de conciliación con autoridades municipales.

En el primer caso, indicó que el intendente Osvaldo Maimo, aguardará “la decisión de la Justicia”. Es decir, la resolución de un nuevo juez que se haga cargo del expediente -la Dra. Zapata del Juzgado de Instrucción N°1- luego de que la Cámara de Apelaciones de Caleta Olivia anuló el fallo del juez Castello, quien había desestimado tratar el amparo colectivo presentado por los despedidos luego de ser cesanteados. Sus pases a planta fueron primero aprobados Ad referéndum del HCD a fines de noviembre del 2019, y luego confirmados por la nueva conformación del recinto, con mayoría del FDT, y en donde incluso el presidente, José Quiroga, pertenece a SER Santa Cruz.

“Hasta que no haya una sentencia firme, el proceso seguirá adelante y no sabemos hasta qué punto será resulto. Eso incluye la actuación del Concejo (Deliberante) oportunamente, las idas y vueltas con los decretos… Ya que la Ley 55 en realidad no establece que la incorporación de personas deba ser aprobada por el Deliberante, es una facultad dentro que tiene el Intendente como también en el Deliberante, es competencia únicamente del Presidente del Concejo”, destacó a TiempoSur.

Pero al mismo tiempo, el Diputado marcó que “esto es responsabilidad del intendente anterior”, ya que los designó en planta permanente “sin cumplir con los requisitos mínimos que establece el Convenio Colectivo, como tener un contacto previo”.

Remarcó que el Deliberante no debía avalar o rechazar en el recinto una facultad que es propia del Intendente, y dijo que durante la gestión de Omar Fernández hubo otras designaciones en planta permanente

“que en ningún momento fueron enviadas al Concejo Deliberante para su ratificación, porque no es necesario siempre que cumplan los requisitos que se fijan, pero como no se cumplió se decidió enviarlo al Concejo para tener el respaldo”.

En cuanto al accionar policial, que “disuadió” a los despedidos al cumplir una orden judicial, Farías se diferenció al no compartir el método utilizado “sea o no sea represión”. “No es la manera de resolver este tema. Una situación así no se resuelve con violencia ni con más o menos represión, se resuelve hablándolo. Estaba de acuerdo con la instancia que se había abierto originalmente entre el Ejecutivo y algunos representantes de este grupo de personas, hasta que se definió la vía judicial, y creo que ese es otro camino, porque la Justicia tiene sus tiempos para tomar decisiones”, remarcó.

En este sentido, contó que el viernes hubo un encuentro entre el Intendente y el jefe de Gabinete, Leonardo Álvarez, en donde acordaron que la Provincia asistirá, junto con la Comuna, “la cuestión social e inmediata de este grupo, que era un tema de lo que estaban planteando”.

Esta asistencia comenzó el mismo viernes. “En ese sentido, creo que es un avance importante y una apertura, las reincorporaciones, la posición del Municipio es esperar la resolución de la Justicia”, insistió.

-Intervino la provincia, ¿qué posición tiene al respecto?

Creo que hubo una actuación muy rápida del Gobierno provincial, de ayudar y colaborar y clamar la situación. Hoy la situación es distinta, la gente que pide la reincorporación va seguir planteando este tema. Por otro lado, las necesidades urgentes y sociales, se van a asistir y colaborar de forma permanente.

-¿Dentro de los despedidos hay personas con años de antigüedad en la Comuna?

No. Había cargos políticos. De los 208, 44 eran cargos políticos. Y tenemos en Truncado una ordenanza de hace muchísimos años, que establece puntualmente que las personas designadas como nivel de conducción o cargo político, indefectiblemente se tienen que ir con la gestión que los nombró. Esto se aplica a las 44 personas, y el resto, la mayoría estuvo cumpliendo servicios a través de una Cooperativa llamada Kaiser, es decir, no trabajaban para el Municipio, eran monotributistas. Es decir, no tienen registro ni antecedentes como empleados municipales, ni siquiera contrato ni otra situación.