Poder Judicial capacitado

El informe fue elaborado por un grupo de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la transversalización de la perspectiva de género, integrado por la Fundación Micaela García; Proyecto Generar; la Guardia de Abogadas Feministas de Católicas por el Derecho a Decidir; ABOSEX, ABOFEM y CLADEM, quienes realizaron un pedido de información pública sobre la implementación de la Ley Micaela en todo el país.

Este pedido tuvo como objetivo no sólo que los Poderes Judiciales locales informen sobre el grado de cumplimiento de la ley, sino también instar a la rendición de cuentas y transparencia como ejercicio de una práctica democrática y de participación ciudadana.

“Conocer es el primer paso para transformar un sistema que debe, impostergablemente, incorporar las demandas del movimiento feminista en la administración de la justicia”, se lee en las conclusiones del informe que monitoreó la manera en que se implementa y el grado de cumplimiento de la capacitación obligatoria en género en los Poderes Judiciales de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

En el apartado sobre la transparencia del Poder Judicial, el documento concluyó que sólo siete jurisdicciones (29%) respondieron en tiempo y forma el pedido de información pública. Entre ellas se encuentran Catamarca, Chaco, Chubut, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Misiones, Santa Cruz y Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur.

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Sobre la implementación de la Ley Micaela en los Poderes Judiciales, se hace mención a las provincias donde hubo una demora significativa entre la adhesión a la citada Ley a nivel provincial y el inicio de las capacitaciones en los Poderes Judiciales, atribuyendo esto a la composición de tribunales sin perspectiva de género. En el caso de Santa Cruz, el máximo tribunal está integrado por mayoría femenina, incluida su presidenta.

En cuanto a la cantidad de cohortes o ediciones de capacitación brindadas, el informe pone a Santa Cruz entre las que más actividades realizó, con un total de 15 hasta diciembre del 2021, número que aumentó significativamente en lo que va de este año a instancias de la Secretaría de Género dependiente del TSJ.

Desde que comenzaron los talleres -en octubre de 2019- el número de personas alcanzada es de 1.065.

“Sólo cinco provincias cuentan con más del 50% de su personal judicial capacitado en materia de género: Córdoba (88%), Santa Cruz (65%), Formosa (61%), Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur (56%) y Misiones (52%)”, añade el informe.

En este punto, no todas las provincias informaron el grado de formación a jueces y juezas, de todas las instancias y fueros. No así Santa Cruz, que entonces ya tenía al 89% de su magistratura capacitada.

Fue la única provincia que además desglosa información en este punto, destacando que para fines del año pasado capacitó al 47% del fuero civil; 92% del fuero penal y 64% del multifuero.

La Ley Nacional Nº 27.499 -conocida como Ley Micaela- se sancionó el 19 de diciembre de 2018 y fue promulgada el 10 de enero de 2019. En ella se establece la capacitación obligatoria en género y violencia por motivos de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

Datos 2022

En el distrito, la transversalización de la perspectiva de género es una política del máximo tribunal, por lo que el próximo 5 de septiembre comenzarán dos nuevos talleres, destinados a los cargos de titular de Juzgados de Paz, funcionariado, jefes y jefas de despacho, oficial mayor, oficial principal, perito y personal técnico que resta capacitar. Asimismo, se habilitará otro para los cargos de oficial y oficial auxiliar.

A la fecha (agosto de 2022), los 41 jueces y juezas que tiene Santa Cruz, incluidas las máximas autoridades del Tribunal Superior de Justicia, realizaron los talleres vinculados a la Ley Micaela, llegando así al 100% de la capacitación en aquellos cargos. También lo hicieron un conjuez y una conjueza.

Además, en el funcionariado se observa un avanzado grado de capacitación alcanzando el 94%, mientras que en el caso de la planta de empleados y empleadas es del 71%.