Preocupación por la prohibición de nuevas áreas protegidas en Santa Cruz

Desde Aves Argentinas junto a Fundación Vida Silvestre, FARN Argentina, Fundación Patagonia Natural, WCS Argentina, Fundación Feliz de Azara, Wetlands International y Fundación Biodiversidad Argentina le solicitaron a la gobernadora Alicia Kirchner que vete la ley sancionada por la Legislatura el pasado 27 de noviembre.

La misma prohíbe la creación de nuevas áreas protegidas en la provincia por el plazo de un año, prorrogable por otros doce meses más.

“La prohibición en Santa Cruz es tristemente inédita a escala nacional y también global. No sólo afecta al ambiente, sino a la misma producción. Y evade el problema de fondo, profundizándolo”, indicaron.

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No son un obstáculo- En el texto –al que tuvo acceso TiempoSur- las organizaciones de cuidado del ambiente indicaron que Santa Cruz perdió el 34% de sus hectáreas productivas en los últimos 16 años. Esto –según especificaron- en particular por el avance de la ganadería ovina (una de las principales actividades económicas de la provincia, en conjunto con la extracción de hidrocarburos) que desde mediados del siglo XX entró en una fase decreciente ante la caída del número total de ovejas.

“Esto es un resultado del deterioro progresivo de la productividad de las estepas patagónicas, es decir, de la degradación y desertificación” y añadieron que las áreas protegidas “no son un obstáculo al desarrollo”. Por el contrario, “este es un falso dilema que ignora el rol clave que tienen las áreas protegidas para la economía”.

Seguidamente, manifestaron que “nos dan servicios ambientales invaluables como captura de carbono, mantenimiento del agua, protección del suelo entre muchas otras”.

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Articular los intereses- En el detalle del pedido a la Gobernadora, subrayaron que las áreas protegidas en Santa Cruz no alcanzan el 5% de su territorio (9548 km federales y 1406 km provinciales), lejos aún del 17% de protección de áreas terrestres al que se ha comprometido Argentina.

Y destacaron que buena parte de las áreas protegidas en la provincia están categorizadas como reservas de múltiples usos, es decir, que no prohíben estrictamente la producción, sino que promueven prácticas sostenibles.

“Es necesario y posible articular y armonizar los intereses sociales, económicos, productivos y ambientales. Pedimos al Poder Ejecutivo santacruceño derogar la Ley, y habilitar a la mayor brevedad posible un proceso abierto de diálogo multisectorial para avanzar en un proceso de ordenamiento territorial para la provincia”, expresaron entre otras cosas.