Rechazos y expectativas ante posible adhesión de Santa Cruz al RIGI

El Gobierno Nacional reglamentó el pasado 23 de agosto el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que incluye proyectos que demanden un mínimo de US$200 millones como inversión e impacta en ocho sectores de la actividad económica. Entre otras cosas, el RIGI ofrece una serie de facilidades impositivas, de acceso a importaciones y al mercado de cambios, además del manejo de utilidades y flujo de fondos en el exterior.
La reglamentación se hizo oficial a través del Decreto 749/2024 en el Boletín Oficial.
Los segmentos que podrán gozar de los beneficios de la norma son: forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, y petróleo y gas, y dentro de cada segmento además se indican actividades específicas. 
El RIGI está diseñado para atraer capitales, sobre todo extranjeros, mediante beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios, para posicionar a Argentina como destino competitivo para las inversiones internacionales. 
Para fines de agosto, Río Negro, Mendoza, San Juan, Chubut y Jujuy adhirieron oficialmente al RIGI, asegurando su participación en este régimen de incentivos, mientras que Catamarca, Salta, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Neuquén y Santa Cruz están en proceso de adhesión.
Quien puso primera en la adhesión de Santa Cruz al RIGI fue el bloque Por Santa Cruz en la Cámara de Diputados. Fue en la comisión de Asuntos Constitucionales en donde los legisladores dieron despacho favorable al proyecto de Ley N° 289/24 presentado por el diputado Piero Boffi para la adhesión de la provincia al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

El proyecto de ley tiene un solo objetivo: atraer grandes inversiones nacionales e internacionales a Santa Cruz. Según el diputado Boffi, la adhesión al régimen ofrecería beneficios fiscales y económicos cruciales para potenciar el crecimiento económico, social e industrial de la provincia. En diálogo con TiempoSur tras la presentación del proyecto, el legislador afirmó “tenemos que velar por que se cumpla la ley del 70/30”.

Deslizando su voto
Sin embargo, el proyecto se topó con un fuerte antagonismo. La diputada Agostina Mora (Unión por la Patria) expresó su preocupación por el impacto del RIGI en la soberanía territorial y energética de la Provincia. Mora denunció que el régimen podría resultar en una “extranjerización” de Santa Cruz, donde grandes capitales priorizarían sus propios intereses sobre los de la provincia. “Vivimos en un país que necesita divisas, pero este RIGI con más de 200 millones de dólares es para unos pocos y no genera la posibilidad de desarrollar empleo ni recursos fiscales. Los grandes capitales tendrán prioridad en los recursos y plena disponibilidad de los productos sin obligación de abastecer el mercado interno”, argumentó.

El diputado Pedro Muñoz (CC-ARI) analizó el RIGI y votó en contra en comisiones porque, sostuvo, el Gobierno Nacional impone condiciones que pueden y colisionan con la jurisdicción de la Provincia y su soberanía.
Su par de bancada Santiago Aberastain, contrapunto, se autodenominó defensor de la búsqueda y el aprovechamiento de oportunidades y "hay dos cosas que sobran: pobreza y capital. Y los poseedores del capital recorren donde es más tentador invertir y nosotros tenemos que generar las condiciones para captar y regular a estos inversores”.
La diputada Lorena Ponce, del bloque Unión por la Patria, reiteró su postura sobre el RIGI: la no entrega de los recursos. Si bien expuso que el oficialismo "tiene las manos" para lograr la adhesión, continuarán expresando su rechazo.

No es un dato menor mencionar que en la previa de la votación en la Cámara de Diputados por la adhesión o no al RIGI en Santa Cruz, trascendió que la legisladora Claudia Barrientos, integrante de Por Santa Cruz en la legislatura, se mostró en contra. Mediante un comunicado de prensa, desde Libres del Sur, espacio que lidera, se planteó que este régimen profundizará la desigualdad y dejará un devastador pasivo ambiental en la provincia. "Es necesario un RIGI que estimule las inversiones en nuestra provincia, pero no a costa de las próximas generaciones de santacruceños”, sostuvieron.  

Qué dicen los partidos políticos y gremios
La adhesión al RIGI también generó preocupación de varios sindicatos. Algunos gremiales han expresado su temor de que el régimen beneficie a empresas grandes en detrimento de los trabajadores locales y del desarrollo de la industria nacional. 
Por su parte, partidos políticos manifestaron su preocupación por la falta de garantías en la transferencia de tecnología y el impacto a largo plazo en la soberanía provincial.
Al igual que en el resto del país, en Río Gallegos, las organizaciones de izquierda plantean su oposición al RIGI. Alejandro Schweitzer, uno de los referentes del MST, criticó que “acá en la Provincia se quiere adherir a algo que no sabemos qué es”, y que además “va en contra de las pymes y la economía regional". El investigador señaló las graves consecuencias del régimen para la autonomía provincial y la economía local. Puntualizando que pondrá en riesgo la soberanía Provincial, mencionó que junto a los gremios estatales de Santa Cruz formaron un Frente en Defensa de los intereses provinciales y lograron participar en las sesiones de las comisiones donde se debatió en torno al RIGI a pesar de las trabas impuestas por el oficialismo.
Una de las principales preocupaciones del investigador es la prioridad que se otorga a las empresas sobre las necesidades de la población local: "Las empresas que adhieran no pagarán impuestos durante los primeros años. Podrán importar todo sin restricciones y, además, no estarán obligadas a abastecer el mercado local. Esto generará una competencia desleal y destruirá el empleo local", reprochó.
Afrimando que está en juego el futuro de la provincia por 30 años "en 10 o 15 años tendremos que abandonar el uso de combustibles fósiles, y con esta adhesión, estaremos limitando a las generaciones futuras".

El secretario general de ATE Santa Cruz, Carlos Garzón, también se pronunció sobre el avance del RIGI. Entrevistado por TiempoSur expuso su oposición a la iniciativa porque, afirmó, “las políticas que otorgan beneficios impositivos exorbitantes a las grandes inversiones no solo perpetúan la concentración de poder económico en manos de unos pocos, sino que también socavan la soberanía del Estado y la capacidad de este para proteger los intereses de la mayoría”. En este marco, enfatizó que estas medidas no fomentan un desarrollo equitativo, sino que consolidan el dominio de las élites económicas.
“No se analizan las desventajas del RIGI", consideró Claudio Silva, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Santa Cruz, quien indicó que la legislación brindará muchos beneficios para los empresarios que van a invertir, pero "no sé si hay cosas que se van a cuidar, como los recursos hídricos, el medio ambiente y los trabajadores”. Por este motivo, el referente de los comerciantes sostuvo que es imperioso que haya un control del Estado, en particular sobre los cupos de trabajo de los santacruceños.  Y puntualizó: “No estoy en contra de la adhesión al RIGI, sino que se deben tener en cuenta los cuidados porque se habla de los beneficios y ventajas del RIGI, pero no miramos las desventajas que produce".

Otro referente gremial que dio su punto de vista sobre el RIGI fue el secretario general de Camioneros Santa Cruz, que calificó como "desastre". Y opinó: “No creo que vengan inversiones. Sí va a beneficiar a grandes corporaciones que poniendo tanta cantidad de dinero no le cobrarán nada y saquearán las riquezas de Argentina, y no va a generar trabajo, no va a generar nada”.
Puntualizando que será un mal para los argentinos, consideró que el RIGI no es más que un mal contra los argentinos, y en particular, los trabajadores. 
En tanto, la secretaria General de la Asociación Bancaria, Griselda Fábregat, manifestó que el sector rechaza la ley porque consideran que solamente favorece a las empresas y “no habrá mano de obra santacruceña y se quedarán con nuestros recursos. No van a proteger el medio ambiente y no nos van a dejar ni la infraestructura”.

Vale mencionar que los detractores del RIGI entre sus fundamentos temen que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones se enfoque en incentivar la industria extractivista y las actividades que implican deforestación.
David Acosta, también referente de Libres del Sur, expuso en TiempoSur remarcó: “No estamos de acuerdo con la adhesión al RIGI tal cual lo plantea el Gobierno nacional, hay que hacer modificaciones que aporten al desarrollo de Santa Cruz. No estamos en desacuerdo con la necesidad de generar un régimen que favorezca las inversiones, pero sí debemos establecer reglas más claras. Los recursos son de las provincias y debemos tener injerencia en cómo impactan en el futuro de la provincia”.
Con el despacho favorable del proyecto se espera que el debate en el pleno de la Cámara de Diputados sea un reflejo de las profundas divisiones sobre el tema.El jueves será determinantes para el futuro económico de Santa Cruz, ya que la decisión sobre la adhesión al RIGI podría definir el rumbo de la provincia en los próximos años. La discusión continuará siendo un punto focal de la política local, mientras los santacruceños y sus representantes analizan las implicaciones de esta discutida medida.